viernes, 30 de mayo de 2008

La Vorágine de una Nueva Guerra

EN POS DE LA LEGITIMACION


En los tiempos de los sexenios priistas, era costumbre del Presidente entrante llevar a cabo algún programa de “renovación moral” o de “combate a la corrupción” con el fin de empezar su mandato con el pie derecho creando una imagen favorable de sí mismo desde el principio. Es precisamente bajo este contexto que Carlos Salinas de Gortari, producto de un presunto fraude electoral cometido en contra de la izquierda en 1988 bajo el amparo de la famosa “caída del sistema”, (aquél “infalible” sistema de cómputo electrónico usado para el reporte fidedigno e instantáneo de los resultados electorales llegados de cada estado de la República que fue reemplazado por un conteo a mano cuando los primeros cómputos le estaban dando una ventaja al candidato izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas sobre el candidato priista Salinas de Gortari), al poco tiempo de haber entrado hizo lo que ninguno de sus predecesores habían hecho antes: meter al líder del Sindicato de PEMEX, Joaquín Hernández Galicia alias “La Quina” a la cárcel. Anteriormente, Miguel de la Madrid ya había hecho lo suyo al meter a la cárcel al Ingeniero Jorge Díaz Serrano después de pedirle a un Congreso complaciente y “disciplinado” su desafuero como Senador por actos de corrupción en los que había incurrido cuando era Director General de Petróleos Mexicanos. Y Ernesto Zedillo no se quedó atrás, metiendo a la cárcel al hermano de Carlos Salinas por su papel en el asesinato del Secretario General del PRI José Francisco Ruiz Massieu.

Esta costumbre de tratar de impresionar al pueblo con llamaradas de petate llegó a su fin con el ascenso del pro-Yunquista Vicente Fox al poder, el cual no metió a la cárcel a ningun funcionario priista relevante de ninguna de las administraciones pasadas (inclusive envió como representante personal suyo a Santiago Creel a las exequías de José López Portillo, el mismo que como Presidente hundió a México en los tiempos de la bonanza petrolera convirtiéndolo en la nación con la mayor deuda externa del planeta), pese a que por muchas décadas los panistas estuvieron acusando (con o sin pruebas en la mano) a todos los priistas de corruptos; de modo tal que las miles de acusaciones que por tanto tiempo estuvieron enarbolando los panistas en contra de los funcionarios priistas o nunca fueron ciertas debiendo tomarse entonces como meras patrañas con fines meramente propagandísticos, o terminaron por convertirse en cómplices de la corrupción solapando con la impunidad plena la corrupción que tanto habían denostado en el pasado. De cualquier modo, Vicente Fox, por ser el primer político surgido de un partido de oposición en “sacar al PRI de Los Pinos”, llegó con un bono democrático que le permitió dispensar con la cacería tradicional llevada a cabo por el Presidente entrante en contra de funcionarios corruptos de la administración precedente.

En el 2006, al tomar las riendas del poder Felipe Calderón:





bajo las acusaciones formuladas en su contra por millones de mexicanos de ser un Presidente ilegítimo, Calderón ya no pudo entrar con un “bono democrático”, porque ni su entrada era símbolo de alternancia alguna en el poder al estar repitiendo el PAN un segundo sexenio en la silla presidencial, ni su triunfo era el resultado de una clara y contendiente victoria sin la sombra terrible de una guerra sucia. Pero entró además con el duro dilema de que no podía meter a la cárcel a funcionarios de importancia de la administración anterior por ser casi todos en su gran mayoría panistas-foxistas. ¿Cómo meter a la cárcel a cualquiera de ellos, exhibiendo de este modo como falsas las promesas panistas de antaño de que con el ascenso del PAN a la silla presidencial llegaría a su fin ahora sí de una vez por todas y para siempre la corrupción que tanto habían criticado? En este respecto, Felipe Calderón entró atado de manos, y esto sin contar los numerosos compromisos contraídos con los poderes fácticos que con ríos de dinero y campañas de guerra sucia mediática de naturaleza ilegal le permitieron llegar a la Presidencia.

Felipe Calderón, sin el estómago para meter a la cárcel por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito a ningún funcionario de la pasada administración foxista, y urgido por legitimarse al igual que como acostumbraban hacerlo los Presidentes priistas de antaño, no tuvo mejor ocurrencia que inaugurar su sexenio declarándole la guerra abierta al narcotráfico, sin medir las consecuencias. Y para “legitimarse” con esta declaración de guerra, empezó su gobierno con su primer gran acto ilegítimo, ya que de acuerdo al Artículo 73 de la Constitución en su fracción XII, cualquier declaración de guerra es una prerrogativa exclusiva del Congreso de la Unión, no del Presidente de la República. Y es así como los ríos de sangre que hoy estamos viendo y en los cuales están perdiendo sus vidas muchos inocentes incluídos niños pequeños que no tienen culpa alguna tuvieron su punto de partida en un día muy específico, el 26 de enero del 2007, cuando Felipe Calderón actuando extraconstitucionalmente sorprendió a muchos dignatarios extranjeros y a la comunidad mundial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, al abrir su frente de guerra afirmando que la guerra contra el narcotráfico era una guerra que se podía ganar. Citaremos sus palabras textuales:

“Estamos decididos a que esta batalla por la seguridad, que será larga, que costará dinero, que tomará tiempo, que costará quizá vidas humanas, la va a librar y al final la vamos a ganar los mexicanos.”

¿Costará quizá vidas humanas?

¿La vamos a ganar?

Notoriamente ausente en el pomposo y pre-triunfalista discurso de Felipe Calderón está la definición exacta de lo que quiso decir cuando afirmó que su guerra “la vamos a ganar”. En la Primera Guerra Mundial, dicha guerra la ganaron los aliados cuando Alemania se rindió y accedió a firmar el Tratado de Versalles en 1919. En la guerra entre Estados Unidos y México, dicha guerra la ganaron los norteamericanos cuando Antonio López de Santa Ana firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 con el cual México perdió más de la mitad de su vasto territorio. En un partido de ajedrez, se ha triunfado sobre el oponente cuando el jaque-mate es inminente y no hay forma alguna de que se pueda evitar. Pero al lanzarse en una cruzada en contra del narcotráfico, ¿cuál es el evento definitorio con el cual se podrá decir que dicha guerra “la hemos ganado”? Si ello ocurrirá cuando ya no haya drogadictos en los Estados Unidos por falta de droga suministrada desde México, lo más seguro es que primero se acabará el planeta por el calentamiento global que se le acaben a los Estados Unidos sus drogadictos. Si la proclamación de victoria está reservada para cuando ya no pase ninguna droga colombiana por territorio mexicano, será más fácil lograr la colonización del planeta Marte que acabar totalmente con el flujo de cocaína colombiana por México. Y si la definición de la victoria está a la espera de que hayan sido acabadas todas las mafias del crimen organizado en México, baste señalar que en ninguna democracia en la historia de la humanidad se han podido erradicar por completo las mafias del crimen organizado, las cuales son como una hidra a la cual se le corta una cabeza sólo para que le nazcan dos cabezas nuevas. Hay funcionarios que haciéndole coro a Felipe Calderón ilusamente señalan que lo que está ocurriendo en México es muy parecido a lo que estaba ocurriendo en ciudades norteamericanas como Chicago en donde los capos de aquél entonces como Al Capone hacían de las suyas, agregando que a la larga el Estado logró prevalecer sobre dichas mafias; pero lo que olvidan mencionar es que si aquellas mafias de gángsters entraron en franco declive en los Estados Unidos no fue a causa de la “guerra” que estuvieron librando en contra de aquellas mafias los agentes federales tales como el célebre Elliot Ness, sino porque en diciembre de 1933 los legisladores norteamericanos repudiaron el Acta Nacional de Prohibición del Alcohol de 1919 que dió origen a las mafias criminales que hicieron dinero a manos llenas con la ilegalización y proscripción de las bebidas alcohólicas, mafias que no regresarían al escenario sino mucho tiempo después cuando la sociedad norteamericana “descubriese” a la heroína, la cocaína y la mariguana como nuevas fuentes de entretenimiento y diversión.

Lo que dijo Felipe Calderón en Davos cuando no se habían cumplido los dos meses de que tomara posesión de su cargo en aquella accidentada toma de protesta del primero de diciembre del 2006 tiene que ser contrastado con el duro despertar que le ha demostrado a Felipe Calderón y a quienes creyeron en él la validez del refrán que dice “más pronto cae un hablador que un cojo”. Si lo que quería Felipe Calderón era lograr legitimarse ante todos, había otra forma de hacerlo, pero el tiempo para ello ya pasó.

Sin la urgencia ni la necesidad de tener que andar legitimando ante nadie su mandato, otro Presidente podría haber planificado con tiempo un incremento gradual en la lucha contra el narcotráfico, consciente de que esta es una guerra en la cual la victoria total no está contemplada ni en sueños dentro del panorama.

Veamos lo que sobre este traspiés de Calderón nos tiene que decir el afamado analista de EL UNIVERSAL Jorge Zepeda Patterson (ganador en 1999 del prestigioso premio internacional Maria Moors Cabot, considerado por muchos el equivalente del Premio Nóbel del Periodismo) en el siguiente editorial:

Narco: El Irak de Calderón
Jorge Zepeda Patterson
EL UNIVERSAL
11 de Mayo del 2008

Los asesinatos de altos funcionarios federales a lo largo de los últimos días muestran lo que ya intuíamos: luego de 18 meses de fracasos es evidente que estamos en una guerra que no vamos a ganar pero de la cual tampoco hay manera de salir. El narcotráfico se está convirtiendo en el Irak de Felipe Calderón.

Al arranque de su gobierno el nuevo presidente utilizó el argumento del combate a los cárteles como una estrategia fast track para afincarse en Los Pinos. Fue la táctica ideal para mostrarles a los mexicanos que ya había piloto en la nave. Al igual que a Bush, la convocatoria a esta guerra le reportó a Calderón beneficios políticos inmediatos, pues propinó una artificiosa sensación de firmeza y liderazgo.

El problema es que desencadenó una guerra sin estar preparado siquiera para la primera batalla, y lo hizo por los peores motivos. Durante su campaña electoral y en los meses previos a la toma de posesión, en muy pocas ocasiones Calderón se refirió al narcotráfico. Todo indica que no formaba parte significativa de su agenda. Pero las necesidades políticas precipitaron ir al combate una semana después de llegar al poder, sin tener la más remota idea de las consecuencias. Bush y sus generales nunca pensaron en “el día siguiente”; nosotros ni siquiera hemos salido del día “D”; nuestros cuerpos policiacos siguen siendo acribillados en la playa Omaha del desembarco sin saber cómo ni dónde responder.

Fuimos a una guerra sin conocer cabalmente al enemigo, (y encima) a pesar de que sabíamos que nuestras propias filas estaban totalmente penetradas por el adversario. De manera irresponsable lanzamos al cuerpo enorme y desmañado del ejército a dar palos de ciego a una piñata que se hace escurridiza a todo lo largo del territorio nacional. Año y medio más tarde estamos tan lejos de ganar la batalla como Bush de pacificar a Irak.

A juzgar por sus declaraciones, Calderón pretende salir del atolladero mediante el absurdo de profundizar el error. Al igual que Bush ha exigido más recursos para la guerra. Como si dos mozalbetes con los ojos vendados tuvieran más posibilidades que uno solo de romper la piñata, cuando en realidad simplemente incrementan la probabilidad de romperse la crisma mutuamente o rompérnosla al resto de la concurrencia (como en efecto ha estado sucediendo con la población civil).

El gobierno está intentando utilizar el fracaso del combate al narcotráfico como un argumento a favor del pánico para justificar las bases de un Estado autoritario: mayores márgenes para los cuerpos de seguridad frente a la población, ampliación de presupuestos, necesidad de mano más firme. Bush utilizó durante tres años la noción de la guerra al terrorismo para justificar leyes contra sus propios ciudadanos y para ampliar el presupuesto militar a niveles inimaginables. Su pueblo lo recompensó reeligiéndolo en el 2004.

Ahora Calderón intentará hacer lo mismo. Utilizar su fracaso como trampolín para consolidar un gobierno con los recursos legales y policiacos para enfrentar cualquier muestra de inestabilidad social.

La única salida de esta trampa consiste en impedir que las estrategias para implantar el miedo que difunden los medios de comunicación se impongan entre los ciudadanos. Una sociedad atemorizada siempre termina siendo víctima del populismo de derecha, pues éste cercena libertades y disidencias en nombre de la seguridad.

La guerra contra el narcotráfico, como la de Irak, no se podrá ganar a punta de balazos. Sería mucho más prudente disminuir “la crispación” en el campo de batalla y comenzar a trabajar en otros frentes. Tres en lo inmediato:

1.— El tráfico y lavado de dinero. Un kilo de billetes hace más bulto que su equivalente en cocaína. A un flujo de drogas corresponde un reflujo de dinero de volumen físico similar o superior. Para detectar a los verdaderos líderes del narcotráfico habría que investigar los flujos financieros, las multimillonarias inversiones hoteleras en la Riviera Maya y en Baja California, las transferencias de carácter sospechoso. Pero nadie quiere hacerlo porque allí nos encontraremos los enormes blanqueos de dinero de la propia clase política y empresarial que no pasan por Hacienda.

2.— El tráfico de armas. Las armas automáticas y semiautomáticas que convierten a los narcos en un verdadero ejército, proceden de Estados Unidos. El gobierno mexicano no ha tenido la entereza para exigir a su contraparte mayor responsabilidad en esta franja oculta de la criminalidad. Así como Estados Unidos nos hace responsables de “intoxicar” a su juventud con nuestras drogas, nosotros tendríamos que exigirles cuentas por todos los asesinados gracias a sus armas introducidas ilegalmente en el país.

3.— Inteligencia militar y policiaca. No podemos ganar una batalla cuando desconocemos al rival y, peor aún, si nos encontramos tan intensamente infiltrados por “el enemigo”. Nuestros policías son carne de cañón en la medida en que buena parte de sus propios jefes están en la nómina de los cárteles. Ir a una guerra así es la mejor garantía de que Mambrú no habrá de regresar.

Son tres tareas necesarias, aunque insuficientes. Para ganar la batalla contra las drogas habríamos de recordar los errores estratégicos de la guerra contra el alcohol. Podríamos paliarla o acotarla, pero no ganarla. Sin duda lo peor que podemos hacer es incendiar al país con el pretexto de esta lucha y ofrecer un cheque en blanco al gobierno para dar rienda suelta a sus inclinaciones autoritarias.

La colombianización de México, entendido esto como una repetición en México de los hechos sangrientos que están sucediendo en Colombia en donde las mafias del narcotráfico están librando una guerra sin precedentes en contra del gobierno legalmente establecido, es ya un hecho aunque el gobierno de Felipe Calderón no lo quiera reconocer. México se encuentra inmerso ya en un virtual estado de guerra que está costando muchas bajas no sólo en los cuerpos policiacos y las fuerzas del orden público sino inclusive entre la población civil.


LAS ADVERTENCIAS DESOIDAS


Desde los primeros momentos en que Felipe Calderón lanzó al país entero en su cruzada heroica para poder legitimarse en el poder, sonaron voces de alarma alertando sobre la catástrofe que se avecinaba, voces que fueron ignoradas por completo y que hoy han resultado proféticas.

Manifestando su preocupación por una posible colombianización de México en un artículo elaborado tres años atrás, el 31 de marzo del 2005, el analista Ted Galen Carpenter de El Cato Institute nos dijo lo siguiente:

La colombianización de México sería una verdadera tragedia. Por ser nuestro vecino y muy importante socio comercial esto preocupa a Estados Unidos e inevitablemente impacta especialmente a gente que vive en los estados fronterizos del suroeste.

El problema es que la exportación ilegal de drogas es un negocio multimillonario, siendo Estados Unidos el principal mercado mundial de consumo de drogas, razón por la cual México juega un papel clave en el narcotráfico. La ilegalidad genera inmensas ganancias, lo cual atrae a la gente y a las organizaciones más violentas y crueles. Es evidente que mientras las drogas sean ilegales sólo los forajidos comerciarán con ellas.

Cuando Estados Unidos y otros países reconsideran la estrategia de la prohibición de las drogas deben tomar en cuenta el costo social de esa política. No hay duda que la adicción a las drogas es un grave problema de salud pública y su costo social es muy alto. Pero como hemos visto en Colombia y ahora estamos viendo en México, la prohibición crea distorsiones económicas e inmensas oportunidades para los peores miembros de la sociedad, quienes pronto se convierten en poderosos multimillonarios empeñados en corromper todo el sistema legal de la nación. La prohibición conduce inevitablemente a una orgía de corrupción y violencia, realidad que cada día se hace más evidente en México.

Casi dos años después, y a menos de tres meses de que Felipe Calderón había tomado posesión de su cargo lanzando su “guerra” contra el crimen organizado, aparecía publicado lo siguiente en el editorial principal de la revista Siempre!:




¿A dónde lleva Calderón a las fuerzas armadas?
Revista Siempre! Número 2801
18 de febrero del 2007

La utilización del Ejército para combatir el crimen organizado significa un riesgo, no sólo para los soldados mexicanos, sino también para la Presidencia de la República.

Desde que se movilizaron fuerzas federales, soldados y policías, para el operativo en Michoacán, se ha intentado desde Los Pinos crear la percepción de que por fin se actúa contra el crimen organizado que tantas vidas ha cobrado.

A pesar de que se han realizado operaciones anticrimen en otras poblaciones, en otros estados de la República, no hay evidencias, salvo una agresiva campaña mediática del Ejecutivo, para suponer que no se trata sólo de acciones aisladas, cuya finalidad es fortalecer la imagen de la actual administración.

En pocas palabras, de una utilización improvisada de las Fuerzas Armadas, aprovechando la disciplina y lealtad inquebrantables de los soldados mexicanos.

Lo dijo el pasado 9 de febrero el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván:

“Sin el Ejército, la lucha para mantener las libertades, la democracia, la justicia, el orden jurídico y la paz, sería errática e intransitable”.

Y agregó que “no titubearemos para servir a las instituciones en cualquier misión o tarea que se nos asigne”.

En Los Pinos le han tomado la palabra, pero sin tener un plan bien diseñado, sólo operaciones que en términos castrenses podrían calificarse como de hostigamiento al enemigo, pero no hay un verdadero plan de batalla.

Ese plan de batalla, según las palabras del presidente Felipe Calderón durante su toma de posesión, se daría a conocer al cumplirse noventa días, a partir del uno de diciembre, plazo que vence el próximo 28 de febrero.

Mientras, la estrategia propagandística de los asesores de Los Pinos decidió que el mes de diciembre sería el indicado para empezar la campaña de contraste con el gobierno de Vicente Fox.

Fox no combatió la inseguridad, según la percepción generalizada. Decidieron que en diciembre se demostraría que el presidente Calderón sí lo haría.

La inseguridad y el desafío que representa la violencia impune del crimen organizado son, sin duda, un desafío al Estado mexicano.

Un problema que no puede ser atendido, menos resuelto, con una estrategia que en el fondo sólo tiene fines de propaganda e imagen pública del Ejecutivo.

Es algo muy serio, demasiado serio porque se aprovecha la lealtad del Ejército para asignarle tareas sin objetivos a mediano y largo plazo.

En 1968, cuando tantos deseaban que los soldados mexicanos impusieran el orden y tomaran el poder, los soldados mexicanos escogieron el camino del honor y la lealtad a las instituciones.

Y ese gesto que tanto los honra y debiera enorgullecernos se les retribuyó con una inmoral y perversa campaña de satanización.

Ahora, la impotencia de las instituciones policíacas civiles ante el desafío de los capos del narcotráfico se llama al Ejército a enfrentar el desafío.

Pero antes de hacerlo el gobierno del presidente Calderón debió replantearse las relaciones con el Ejército y del Ejército con la sociedad.

Debieron en Los Pinos replantearse qué esperan de los soldados de México, pero en la estructura y organización de un auténtico plan de batalla, de acciones improvisadas.

Si dejaran que el rol de planeación de esa batalla contra el crimen organizado fuera diseñado por los que saben: los militares, se podría conducir con más eficacia y con auténtica organización. Y se evitaría esa riesgosa mezcla de policías civiles y soldados, mezcla en la cual los soldados parecen sólo ser convocados para llevar a los operativos el poder de fuego necesario para enfrentar a los criminales tan bien armados.

Y cuando por razones a veces no muy claras los operativos no tienen éxito, es posible que algunos lleguen a pensar que el Ejército no pudo, lo cual sería una inmoral injusticia.

El Ejército está consciente de su rol. ¿Lo está el presidente Calderón? ¿A dónde quiere llevar el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas? ¿A encabezar la lucha contra el narcotráfico? ¿A convertirse en el centinela que cuida el orden en todas las ciudades de la República? ¿A un callejón sin salida con operativos cuya finalidad hasta ahora es sólo mediática? ¿A ser la institución que pague el costo político y social con desgaste de imagen? ¿A ser subordinadas de mandos civiles locales y regionales, frecuentemente infiltrados por el crimen organizado?

¿A dónde?

Muchos otros analistas y comentaristas emitieron señalamientos similares a los que se acaban de reproducir aquí. Y todos estos señalamientos y advertencias cayeron en saco roto. Felipe Calderón, el Presidente urgido por lograr su legitimación, sólo tenía oídos para aquellos que forman parte de su círculo interno en el poder. Un círculo interno en el cual posiblemente ni el mismo Maquiavelo habría confiado jamás.

También en febrero del 2007, cuando Felipe Calderón estaba embarcando a la Nación a una aventura peligrosa pisando terrenos por los que nunca antes había pisado, empezaron a aparecer los primeros barruntos de tormenta, los primeros presagios sobre lo que vendría sucediendo año y medio después, como podemos intuírlo de la lectura del siguiente artículo:

La Derrota de Calderón
José Gil Olmos
Agencia APRO
14 de Febrero del 2007

Cifras extraoficiales señalan que en los primeros tres meses de gobierno de Felipe Calderón el narcotráfico ha cobrado la vida de 230. Este solo dato muestra cómo el presidente ha iniciado con una derrota y que la guerra contra el tráfico de las drogas tiene que ser más que una declaración política para quedar bien con Estados Unidos o los socios comerciales de Europa.

Cuando iniciaron los operativos militares a principios de año Felipe Calderón dijo que la lucha en contra de los narcotraficantes iba a costar vidas inocentes; pero en una imprudencia propia de un gobernante bisoño, aseguró que se ganaría en esta guerra.

Nada más imprudente de Calderón que anunciar la victoria sobre un negocio mundial que genera 500 mil millones de dólares anuales, de los cuales 70 mil millones de dólares se quedan con los narcotraficantes mexicanos que le dedican 10 por ciento de sus ganancias al pago de favores de las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las policías y agentes aduanales de mar, aire y tierra.

Cifras no oficiales señalan que durante el sexenio de Vicente Fox murieron 9 mil personas en la lucha contra el narcotráfico o en la pelea que existen entre los distintos grupos del crimen organizado. Además, hubo 70 mil detenidos y fueron asesinados 29 periodistas.

Estos números exhiben el fracaso del gobierno foxista y el tamaño del problema del narcotráfico en el país. No se trata de un problema que afecte a un determinado grupo de la sociedad, sino de un fenómeno que abarca a amplios sectores sociales que han encontrado en el tráfico y producción de estupefacientes la salida para sobrevivir en un mundo de marginación y olvido gubernamental.

No es nuevo decir que hay familias enteras, desde la abuela hasta los nietos, que se dedican a vender éxtasis, crack, ice, cocaína, marihuana y heroína en “tienditas” que no son otra cosa que sus propias casas perdidas en las colonias más jodidas del país.

Tampoco es nuevo recordar que miles de familias campesinas han cambiado el cultivo del maíz y frijoles por la amapola y marihuana.

No se diga del crecimiento del consumo entre los mexicanos. En los últimos cinco años se incrementó en 300 por ciento, según cifras oficiales, pero podría ser más, pues cada vez se escuchan más historias familiares con hijos, padres, amigos y conocidos con graves problemas de adicción.

El gobierno calderonista ha tomado el camino más fácil, el de los efectos e ilusiones mediáticas, pero con resultados magros. Además de los 30 mil elementos del Ejército y Marina que han utilizado en los últimos seis años, Calderón puso en operación otros 15 mil de la Policía Federal Preventiva (PFP), que en realidad son militares. Es decir, el combate al narcotráfico se militarizó pero con ello únicamente se está atacando la superficie del problema porque las redes de corrupción política, policial, militar, incluso gubernamental, siguen sin incólumes.

“Los institutos militares de la República son más fuertes que cualquier banda de delincuentes, y vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, para responder a quienes retan a las instituciones y ponen en peligro el futuro del país”, dijo Calderón ante las criticas de los escasos resultados de los operativo en Michoacán, Guerrero y el famoso “triángulo dorado” que forman Sinaloa, Durango y Chihuahua.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por su parte, advirtió que habrá una respuesta “más contundente y más efectiva” contra los cárteles de la droga que se resisten a desocupar espacios que le pertenecen a la sociedad.

“En la medida que haya una respuesta o una reacción del crimen organizado a las acciones que pretenden rescatar para la ciudadanía el derecho de vivir en paz, más contundente será la respuesta del Estado mexicano”, señaló.

Pero la estrategia calderonista no toca la raíz del narcotráfico y mucho menos se tiene un programa para detectar la infiltración del narcotráfico en la estructura de poder gubernamental y en el sistema financiero nacional.

Tampoco ha tomado en cuenta sus efectos en la población. Hasta donde se puede ver no existe ningún recurso especial para atender la adicción entre las familias más pobres, las que no pueden pagar un tratamiento de 40 a 150 mil pesos mensuales en las clínicas especializadas. Además, no existe ningún programa de ayuda para las zonas campesinas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Durango, Chihuahua y otros estados donde se concentra la producción de enervantes.

Es evidente que Calderón solamente está tratando de seguir una táctica efectista, administrar el problema y no resolverlo. Y que el uso inconstitucional del Ejército para labores de persecución de delincuentes traerá consecuencias para esta institución pues la lucha en contra del narcotráfico es ya una derrota para el panista.


UNA GUERRA DESIGUAL


Mucho antes de entrar en cualquier conflicto bélico con la esperanza de lograr alguna victoria, se sobreentiende que las tropas deben recibir un entrenamiento militar adecuado así como el mejor equipo que se les pueda proporcionar para poder enfrentar al enemigo en condiciones de igualdad, para poder causar el mayor número posible de bajas en las filas del enemigo con el menor número posible de bajas en los hombres que están siendo enviados al frente de batalla. La falta de preparación y/o la falta de armamento adecuado sólo pueden garantizar derrotas contundentes aunque se tenga una superioridad numérica sobre el adversario. Desgraciadamente, se ha estado pagando muy cara la decisión de Felipe Calderón de lanzarse de lleno a una guerra “para acabar con el narcotráfico” sin haberse equipado y sin haberse dado la preparación previa a los agentes utilizados como tropas de infantería en esta guerra. De que las fuerzas federales no estaban preparadas para la "guerra" que iba a ser desatada por Felipe Calderón lo demuestran hechos tales como el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del martes 27 de mayo del 2008 en Culiacán, Sinaloa, después de que unos presuntos sicarios ligados al narcotráfico habían asesinado la noche anterior a los jóvenes Luis Astorga Ibarra y Édgar Zataráin Medina en la colonia Rubén Jaramillo. En esta ocasión, y para variar, los sicarios fueron detectados por efectivos federales quienes se toparon con los pistoleros, dando inicio una persecución que concluyó en la vivienda marcada con el número 1110 de la calle Alba de Acosta, en la colonia Mazatlán, donde los uniformados fueron contenidos a balazos. Al lugar arribaron al menos 400 elementos de las diversas corporaciones policiales y militares, quienes acordonaron 10 cuadras y cercaron un domicilio donde se escondieron los gatilleros. En la balacera resultante, que comenzó a la medianoche del lunes 26 de mayo y concluyó casi cuatro horas después, perdieron sus vidas siete agentes federales de la Policía Federal Preventiva, los agentes Alejandro Avilés Vargas, Fabián Rosales Guzmán, Eleuterio Vela Salomón, Javier Cruz Eleuterio, César Antonio Alonso Cardona, Rogelio Felipe Izalde y Roberto Ventura Ramírez, resultando además lesionados los cuatro agentes Róger Bernabé Vázquez, Javier Guadalupe Tapia Domínguez, Horacio Ramírez Santos y Miguel Ángel Pineda Cuevas. En contraste, en el bando enemigo, sólo murió un delincuente durante el tiroteo, identificado como Paul Giovanni Audelo García, siendo además arrestados dos jóvenes, uno de ellos una menor de 14 años de edad, de nombres Jesús Hector Abitia Cortillo y Gilberto Quintero Araujo, a quienes les fueron incautados 10 fusiles AK-47, 6 HK-G3, con sus cargadores abastecidos, 40 cargadores para fusil AK-47 y 10 chalecos, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos de 20 unidades cada uno. En la siguiente fotografía tenemos una escena que mejor describe la masacre en la cual perdieron sus vidas los siete agentes federales:





Esto sucedió tan sólo dos semanas después de que el gobierno Calderonista había puesto en marcha con un espectacular despliegue publicitario el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato.

Cuando ocurrió el enfrentamiento, tan sólo en lo que iba del año habían sido asesinados ya 37 policías en Sinaloa, entre ellos 11 agentes de la Policía Federal Preventiva, a pesar del operativo Culiacán-Mazatlán en el cual participan militares, personal de la Agencia Federal de Investigación, PFP y corporaciones locales.

Si repasamos las estadísticas del enfrentamiento, estas sólo pueden ser clasificadas como desastrosas.

¿Cómo pudieron tan sólo tres individuos, uno de ellos una menor de 14 años de edad, contener por espacio de cuatro horas, a 400 elementos de las diversas corporaciones policiacas y militares?

¿Cómo es posible que el número de bajas en ambos bandos hayan tenido una diferencia por un factor de siete a uno?

Si un puñado tan reducido de hampones, en vez de rendirse, se siente lo suficientemente fuerte y lo suficientemente seguro de sí mismo como para enfrentarse ante sus captores pese a la aplastante superioridad numérica de las fuerzas federales que van tras ellos, manteniéndolos a raya por tanto tiempo, ¿qué habría sucedido si el enfrentamiento hubiera ocurrido en condiciones de igualdad numérica?

A las interrogantes ya formuladas, podemos agregar otra que tiene que ver con un hecho trascendental: la casa de seguridad en donde se atrincheraron los sicarios del narcotráfico estaba a tan solo dos cuadras de la Novena Zona Militar a cargo del Comandante Noé Sandoval Alcazar (esto puede apreciarse mejor con la ayuda de un programa satelital de imágenes como Google Earth):





Lo cual conduce directamente a una interrogante tremenda:

¿Por qué razón los sicarios se sentían tan seguros y protegidos teniendo su casa de seguridad a tan solo dos cuadras de la Novena Zona Militar? ¿Qué les daba tanta tranquilidad para poder estar operando impunemente prácticamente frente a las narices del Ejército mexicano?

Aunque la primera reacción “oficial” ante esto último podría ser la explicación “oficial” simplista de que los sicarios del narcotráfico se han vuelto tan temerarios que también se han vuelto estúpidos por su misma temeridad, esto se vuelve insostenible porque estos matones profesionales a fin de cuentas son asesinos a sueldo que tienen que estarle rindiendo cuentas a alguien mucho más poderoso y mucho más inteligente que ellos, y estos “empleadores” no les permitirán exponerse de forma estúpida arriesgando el resto de las operaciones; los grandes capos para los cuales estaban trabajando tenían que estar enterados de la cercanía de la casa de seguridad a la Novena Zona Militar, y tenían que haberles dado su autorización previa para poder estar operando con tanta cercanía al Ejército, algo que no habrían hecho a menos de que tuvieran la absoluta certeza de que no serían tocados en lo absoluto.

¿Es esto la evidencia crucial de que la Comandancia de la Novena Zona Militar en Sinaloa está al servicio y bajo la nómina de aquellos a los cuales debería de haber estado combatiendo?

Alguien en Sinaloa no tiene duda alguna de esto último. De acuerdo con una nota publicada por Agencia Reforma, en la madrugada del 28 de mayo del 2008 aparecieron cinco mantas en Culiacán, de las cuales la manta colocada en las inmediaciones de la Escuela Normal de Sinaloa:





decía: “General (Roberto) Miranda (Sánchez), sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y resguardo en el cuartel militar –¿Qué no tienes un grupo de inteligencia, por qué no los habías detectado?– Si estaban a dos cuadras del cuartel. Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo (Beltrán Leyva) y Vicente (Carrillo Leyva, hijo del desaparecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos) para atacar a sus rivales. Que lástima General corrupto, dónde quedó tu lealtad a la patria, tu honestidad, la verdad soy mil veces más honesto que tú. General vendido”.

El General Roberto Miranda Sánchez es nadie menos que el Jefe del Estado Mayor Presidencial.

No sería ésta la primera vez que el narcotráfico logra infiltrar los más altos puestos de mando del Ejército encargados del combate a las drogas. Recordemos tan sólo al General Jesús Gutiérrez Rebollo, el “Zar Anti-Drogas” que al mismo tiempo que estaba a cargo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) se reunía regularmente con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y creador del "Cártel de Juárez" (hoy bajo una nueva autodenominación conocida como “La Línea”) con el cual tenía fuertes nexos en la protección de las rutas del narcotráfico desde Colombia hasta los Estados Unidos en su paso por México como país intermediario, ruta que floreció y creció principalmente en el estado de Chihuahua precisamente cuando el neo-panista Francisco Barrio Terrazas fue Gobernador de dicho estado.

Suponiendo que el Ejército Mexicano está penetrado ya hasta la médula por el poder corruptor del narcotráfico, de lo cual hay evidencias crecientes, ¿así es como, al decir del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, esta guerra “la vamos a ganar”? ¿Es con “victorias” como ésta como piensa lograr algo que ninguna democracia en la historia de la humanidad ha logrado, acabar con el narcotráfico?

La penetración e infiltración en los más altos puestos de mando en el gobierno federal de gente con nexos estrechos con el crimen organizado o con fuertes sospechas de tener nexos con el crimen organizado no está limitada al Ejército. En la misma Procuraduría General de la República tenemos ejemplos contundentes de ello. Ya desde hace buen tiempo que aquí mismo Spectator presentó una serie de documentos sobre uno de tales funcionarios en el blog de dos partes titulado Justicia Negra:

________Justicia Negra: Primera Parte

________Justicia Negra: Segunda Parte

Cuando la putrefacción está carcomiendo a las principales agencias federales utilizadas para el combate al crimen organizado y la procuración de justicia, encargarle a sus funcionarios corruptos incrustados en los más altos puestos de mando el combato al crimen organizado resultará tan futil como ponerlo en una lista de peticiones a Santa Claus pidiéndole el fin de la delincuencia organizada. El tratar de emprender un combate en contra del crimen organizado con gente corrupta trabajando dentro de la PGR y del Ejército hubiera sido tanto como que durante la Segunda Guerra Mundial las Fuerzas Aliadas se hubieran lanzado en contra de la Alemania Nazi comandadas por el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess.

Peor aún, la principal dependencia gubernamental de servicios de inteligencia encargada de la recopilación de información sobre asuntos que competen a la seguridad nacional, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), hoy al servicio de la derecha y la ultraderecha enquistadas en el poder federal, en vez de estar espiando y estar infiltrando a los cárteles del narcotráfico, se la ha pasado sumamente ocupada en estar espiando y vigilando ya no sólo a los políticos de la oposición sino inclusive al mismo Congreso de la Unión, como lo revela una nota de EL UNIVERSAL:



que confirma cómo mediante el contrato CISEN/LIQ/024/07 por un millón de pesos, una empresa ligada a gente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal estuvo dando “seguimiento” durante cinco meses a las actividades del Poder Legislativo en México, a petición del mismo CISEN. Se recuerda aquí que el CISEN depende directamente de la Secretaría de Gobernación hoy a cargo del controvertido Juan Camilo Mouriño Terrazo, el cual tiene que reportarse directamente ante el Presidente de México, Felipe Calderón.

¿Y es con dependencias oficiales en manos de gente corrupta o infiltradas hasta la médula por la derecha ultraconservadora como Calderón decidió empezar su “guerra” contra el narcotráfico?

De cualquier modo, Felipe Calderón tal vez pueda encontrar algún consuelo en no haber sido el único mandatario en haber arrojado a su país a una guerra desastrosa subestimando la fuerza del adversario. Le hace compañía su homólogo el impopular George Bush cuya costosa y prolongada guerra en Irak (país que no tuvo absolutamente nada que ver con los atentados terroristas de Al Qaeda a las torres gemelas en Nueva York en el 2001) le ha enseñado a Bush una lección que le deberían de haber enseñado desde la escuela primaria: es más fácil empezar una guerra que terminarla.

Al día siguiente de la masacre en la cual perdieron sus vidas los siete agentes federales pese a que contaban con una amplia superioridad numérica, en entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero Primero Noticias de Televisa el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, negó que la muerte constituyera un golpe para el gobierno, e incluso fué más lejos ya que, dándole continuidad a lo que dijera Felipe Calderón en Davos en el sentido de que esta guerra “la vamos a ganar”, dijo:

“Vamos ganando”

Cuando en el año 279 AC el Rey Pirro de Epiro derrotó a los romanos en la batalla de Ásculo en la provincia de Apulia, lo logró a un costo de pérdidas tan enorme y tan grave que, según nos lo relata el historiador griego Plutarco, cuando uno de sus oficiales lo felicitó por su victoria, el Rey Pirro exclamó: “¡Con otra victoria como ésta estoy perdido!”


UNA CIUDADANIA BAJO EL TERROR


Muy lejos del clima de seguridad y tranquilidad que prometió Felipe Calderón en sus hoy ya obsoletas promesas de campaña, la realidad que se ha asentado es otra totalmente diferente a lo prometido, como podemos verlo en el siguiente editorial publicado en el número 2867 de la revista Siempre!:

Pánico en el país: Ráfagas de plomo
Félix Fuentes
Revista Siempre!
25 de mayo del 2008

Uno no quisiera insistir en la tragedia nacional causada por el narcotráfico, cuya mención incomoda al presidente Felipe Calderón y la emprende contra medios de comunicación. Pero ante lo sucedido en Villa Ahumada, Chihuahua, sería irresponsable volver la cara al vacío e ignorar el estado de indefensión en que ha caído la República.

Ningún genio de Hollywood habría ideado un argumento para los clásicos actores del Viejo Oeste, John Wayne, Glenn Ford y Clint Eastwood, ubicándolos en defensa de Villa Ahumada. La película habría fracasado porque en la intensa balacera del pueblo, cercano a la frontera con Estados Unidos no hubo un héroe, nadie capaz de enfrentar a los bandidos.

La noche del sábado 17 pasado empezó el tiroteo, entre pandillas del narcotráfico y terminó la madrugada del domingo siguiente. El fuego duró seis horas y encontrándose 2 mil 500 soldados en Ciudad Juárez, a 150 kilómetros, ninguno llegó en auxilio de las aterradas familias.

Los mafiosos dejaron a su paso seis muertos y se llevaron a seis habitantes de ese lugar. Los 24 integrantes de la policía municipal emprendieron la huida, para donde fuera, y evitar una muerte segura.

Como en los viejos tiempos de Texas y Arizona, pero en vez de caballos y a bordo de potentes camionetas, los hampones recorrieron el pueblo varias veces, sin dejar de disparar armas de alto poder. Hoy las ráfagas de plomo fueron hechas con metralletas R-15 y AK-47.

Suponen periodistas locales que un grupo de sicarios llegó a buscar y encontró a Guadalupe Sánchez Arras, El Penca, hermano de Pedro Sánchez El Tigre, quien es segundo capo en la línea de mando del Cártel de Juárez y lo detuvo el Ejército en Parral, Chihuahua, el pasado 13 de mayo.

La influencia de El Tigre en Villa Ahumada era absoluta en la venta de estupefacientes. Por ello se le perseguía, al igual que a sus familiares por bandas contrarias, en particular la de El Chapo Guzmán, quien al parecer ordenó el ataque a aquella población chihuahuense el pasado fin de semana.

Como para no dejar dudas, los sicarios llegados a Villa Ahumada tirotearon dos gasolinerías, con el obvio propósito de provocar incendios. También saquearon supermercados, restaurantes, bares y comercios, a fin de implantar el terror. Fue el aviso a vendedores y consumidores de drogas que en esa población terminó el poder de El Tigre.

Los matones anunciaron a los aterrados habitantes que volverán. Por ese anuncio, mucha gente se fue del pueblo, encabezada por el presidente municipal y demás autoridades. Quienes dejan hogares y patrimonios cavilan, preguntan, por qué no intervinieron en su auxilio militares y agentes federales, encontrándose tan cerca de Villa Ahumada. ¿Y por qué los medios electrónicos callan tan escalofriante tropelia?

Jamás había sucedido en México que traficantes de drogas sembraran el pánico en poblaciones enteras y, además de cometer constantes secuestros, saqueen comercios y ametrallen cuanto encuentran a su paso por el dominio territorial.

Existe una razón extremadamente importante por la cual el Ejército, teniendo un total de 2 mil 500 soldados estacionados en Ciudad Juárez a tan sólo 150 kilómetros de Villa Ahumada, jamás llegó en auxilio de dicha población para hacer frente a los pequeños ejércitos de sicarios que estuvieron haciendo impunemente cuanto quisieron en dicho poblado sin temor a la llegada de las tropas federales que podrían haber acabado con ellos asestándole a los cárteles un golpe contundente, ello pese a que desde hace dos meses se había implementado el Operativo Conjunto Chihuahua lanzado precisamente para combatir al crimen organizado y terminar con la ola de ejecuciones. Pero esta razón habrá de quedar relegada por siempre en el más profundo misterio porque el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de México Felipe Calderón, en vez de llamar a cuentas de inmediato al Secretario de la Defensa Nacional para exigirle una investigación inmediata y una explicación completa del hecho, dándole un plazo de 72 horas para justificar satisfactoriamente algo que no puede ser clasificado menos que un acto de traición a la Patria, o exigirle la renuncia al Secretario de la Defensa tras dicho plazo en caso de no poder darle una explicación satisfactoria, simplemente optó por claudicar sus responsabilidades como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, volteando hacia el otro lado, sin que hubiese ni siquiera un llamado de atención para nadie. En cualquier otro país, esta socarrona indisciplina manifiesta en las tropas del Ejército ya habría hecho rodar por los suelos las cabezas de varios oficiales relevados de inmediato de sus cargos, abriéndose un Tribunal Militar para juzgar en corte marcial a los culpables de no proteger a la población civil como era su obligación. Pero en México, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el hombre que quería ser Presidente de México a como diera lugar, simplemente claudicó de su máxima responsabilidad a la hora de la verdad en un frente de guerra que él mismo abrió. (En el mismo estado de Chihuahua, en una fecha posterior a la publicación de éste documento y apenas un mes después de lo sucedido en Villa Ahumada, el 16 de agosto del 2008 un comando de sicarios fuertemente armado arribó en varios vehículos lujosos para llevar a cabo una terrible masacre en el poblado de Creel de la cual se hablará en el Post Scriptum puesto al final de éste documento.)

¿Y para ésto quería ser Presidente de México Don Felipe Calderón?

Como muestra palpable de la psicosis generada entre la ciudadanía por estas guerras sangrientas, tenemos la siguiente fotografía de una de las principales avenidas de la urbe fronteriza de Ciudad Juárez tomada la noche del viernes 23 de mayo del 2008, en lo que debería ser uno de los días de mayor actividad comercial y turística no sólo por ser fin de semana sino por coincidir con las festividades del Memorial Day en los Estados Unidos:





Lo que estamos viendo es, en efecto, un pueblo fantasma, con casi la totalidad de la población recluída en sus hogares, paralizada de terror. Y esta es una escena que se está repitiendo en otras ciudades del país. Dos semanas antes, el sábado 10 de mayo del 2008, el Día de las Madres que tradicionalmente era un día festivo en Sinaloa, las calles de Culiacán también estaban vacías. También Culiacán se convirtió en un pueblo fantasma.

No sólo la ciudadanía está bajo la mira de los narcotraficantes. Inclusive hasta los policías y los miembros del Ejército así como sus familiares están al alcance de ellos, como lo demuestra la ejecución de Mireya López Portillo, hija del general de División retirado, Luis Humberto López Portillo, y de su esposo, Jordi Peralta Samper, ejecutivo de Ventas de TV Azteca, llevada a cabo la madrugada del sábado 17 de marzo del 2007 cuando habían salido de un restaurante de un centro comercial de Santa Fe y circulaban en su camioneta a la altura del número 1258 de Paseo de los Tamarindos, en la colonia Bosques de las Lomas, siendo alcanzados para ser acribillados con rifles AK-47 y R-15 por unos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo Nissan Máxima, color arena, modelo 2006, con placas 995-UFN. Esto ocurrió justo al día siguiente de que se descubriera una casa en las Lomas de Chapultepec en cuyo interior había una cuantiosa fortuna que dejó atónitos a los efectivos policiacos que dieron con ella: 205 millones de dólares y cientos de miles de euros y de pesos mexicanos, todo en efectivo, dinero que iba a ser utilizado para llevar a cabo una producción industrial de drogas con miras a satisfacer el lucrativo mercado norteamericano. La camioneta Cherokee en la que viajaba el matrimonio ejecutado había sido entregada apenas hace tres días de la agencia estando no a nombre de ellos sino a nombre de la empresa TV Azteca, y pese a ello los sicarios tenían perfectamente identificados a los tripulantes de la camioneta, mostrando con ello el enorme caudal de información sobre la ciudadanía que el crimen organizado tiene en sus manos merced a sus amplios poderes de infiltración en prácticamente todas las esferas de la sociedad mexicana.

El imperio de narcoterror que ha caído sobre la población mexicana bajo la era Calderonista ha llegado a tal extremo que se está suscitando un hecho que no se daba desde hace muchas décadas: la petición de asilo a los Estados Unidos, en esta ocasión hecha no por ciudadanos sino por policías aterrados que temen por su vida ante la escalada de violencia y las amenazas de muerte, por jefes de la policía mexicana quienes ya no ven solución ni a corto ni a mediano plazo para la tragedia social que se ha generado en México. Y si ya ni los jefes policiacos encargados de dar protección a la ciudadanía en contra de la delincuencia se sienten seguros, ¿quién entonces se puede sentir ya seguro en México? ¡Ah, pero recordemos los ilegales spots de la guerra sucia del 2006 que estuvieron alarmando a muchos advirtiendo que a López Obrador no se le podía permitir por ningún motivo llegar a la Presidencia de la República porque era un peligro para México, porque su llegada al poder supuestamente traería, entre otras cosas, un aumento terrible en la inseguridad! Y muchos mordieron el anzuelo creyendo que la derecha y la ultraderecha en el poder eran los mejores garantes de la continuación de aquél paraíso maravilloso de seis años llamado Foxilandia. A año y medio de volver a instalarse el PAN en el poder, ¿qué peor situación puede haber que ésta que está sufriendo la Nación entera?

La escalada de violencia no sólo está causado bajas y renuncias a granel en las corporaciones policiacas y el mismo Ejército mexicano dejando a la población más desprotegida que antes del ascenso de Felipe Calderón a la silla presidencial. Está empezando a golpear la economía de muchos de los que votaron por Felipe Calderón cegados por las promesas luminosas de un futuro maravilloso lleno de prosperidad y felicidad bajo la permanencia en la silla presidencial del Partido Acción Nacional, según lo reporta EL UNIVERSAL en una nota titulada "Narcoterror golpea economía de Sinaloa".

Y mientras todo esto sucedía, la derecha y la ultraderecha en el poder se encontraban muy atareadas con otras agendas más importantes para ambas, tales como impulsar las modificaciones presentadas por Felipe Calderón al Congreso para permitirle al gran capital (léase los supra-financieros aliados a la derecha ultraconservadora de México) desplazar a PEMEX en lo que vendría siendo una virtual (y anticonstitucional) privatización de las actividades de la empresa paraestatal. Cuestión de prioridades.


UNA OPORTUNA CORTINA DE HUMO


Entre los beneficiados con esta guerra ruinosa, necesariamente se cuentan los grandes barones de la extrema derecha mexicana, por las siguientes razones:

(1) Los hechos violentos y la resultante inseguridad pública están logrando desviar los reflectores justo en los momentos en los que estaban recayendo sobre las actividades de la extrema derecha mexicana. De por sí los grandes manipuladores de la opinión pública como TELEVISA y Radio Fórmula eran ya cómplices de ellos recurriendo a la omisión de lo que debería ser una noticia de primer orden. Con la ola de violencia que se ha desatado, necesariamente quedan relegados prácticamente al olvido, lo cual les daba una motivación para intervenir en lo que fuese posible, manipulando sus redes ocultas, para recrudecer esta ola de violencia.

(2) La extrema derecha siempre ha florecido en medio del caos. En España, el dictador vitalicio fascista Francisco Franco jamás habría llegado al poder de no haber sido por la ruinosa Guerra Civil que azotó a España. En Alemania, el dictador vitalicio Adolfo Hitler jamás habría podido acceder al poder de no haber estado precedido por la derrota militar de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la depresión económica mundial que hizo crisis en 1929. El caos es el medio ideal usado por ellos para presentarse como “salvadores”, aunque la “salvación” ofrecida por ellos termine a la larga resultando peor que cualquier otra cosa que los haya precedido.

(3) La terrible violencia desatada por las guerras del narcotráfico les está dando el pretexto ideal para impulsar en el Congreso de la Unión a través de sus agentes encubiertos leyes cada vez más duras y restrictivas de las libertades civiles que les permitan llevar a cabo una mejor labor de espionaje y control político sobre ciudadanos y personalidades que no tienen relación alguna con las actividades del narcotráfico.

(4) En el siglo pasado, la lucha contra las guerrillas y los grupos políticos de corte marxista proporcionó el pretexto ideal para la instauración en Sudamérica de los regímenes totalitarios conocidos como los gorilatos, regímenes tales como la dictadura militar presidida en Bolivia por Hugo Banzer, el presidido en Paraguay por el pro-Nazi de ascendencia alemana Alfredo Stroessner, y la dictadura vitalicia familiar de la dinastía Somoza que consideraba a toda Nicaragua como propiedad suya, destacando también los regímenes brutales del dictador Augusto Pinochet así como el del ultraderechista Roberto D'Aubuisson (apodado el Soplete por su afición al uso del soplete para torturar a sus víctimas) tan famoso por sus escuadrones de la muerte. En ausencia del comunismo de antaño como “enemigo a vencer”, los grandes cárteles del narcotráfico aparecen justo a tiempo para ser el nuevo pretexto del nuevo "enemigo a vencer" inventándoles a capos criminales como el “Chapo” Guzmán y el “Mayo” Zambada sus “verdaderos nombres judíos ocultos” dándole una re-edición a las fantasías de siempre. Y de este modo, si se puede, justificar la implantación de un régimen de mano dura al estilo Pinochet, Stroessner, D'Aubuisson y Compañía.

(5) En medio del caos que se ha suscitado, les resulta ahora mucho más fácil a los barones de la extrema derecha utilizar a sus propios sicarios para eliminar a todos aquellos analistas, observadores, periodistas y editorialistas que los han estado denunciando, achacando tales ejecuciones al crimen organizado, echándoles la culpa a los “villanos visibles” del momento, al crimen organizado. En rigor de verdad, entre los sicarios del crimen organizado en México, las Waffen SS de Hitler, y las letales y disciplinadas fuerzas de choque de organizaciones como Los Tecos, la única diferencia que existe es que mientras los primeros son asesinos a sueldo los demás son movidos única y exclusivamente por todo el odio y el fanatismo que les han inculcado, lo cual los vuelve mucho más peligrosos que los mismos sicarios a sueldo que capos como “el Chapo” Guzmán y “el Mayo” Zambada tienen a su servicio.

En la ciudad de Guadalajara en donde se encuentra la plataforma principal de operaciones de la ultraderecha de México, tenía también su sede en el Fraccionamiento Puerta de Hierro la sobrina del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, La Reina del Pacífico Sandra Ávila Beltrán, hasta que un buen día se le acabó su suerte (de cualquier modo, a menos de que sea extraditada fuera de México, hay la posibilidad de que esta abominable mujer pueda salir caminando de prisión por su propio pie antes de cumplir cualquier condena, al igual que como lo hizo El Chapo Guzmán). Y precisamente también en la misma ciudad de Guadalajara tenía su sede de operaciones y operaba impunemente el Cártel de Guadalajara del temible narcotraficante Rafael Caro Quintero hasta que incurrió en la estupidez de matar personalmente al agente antidrogas norteamericano de la DEA Enrique Camarena, lo cual no le dejó más opción al gobierno mexicano que arrestar y enjuiciar en México a Caro Quintero por dicho asesinato. Generalmente hablando, la ultraderecha más reaccionaria de Latinoamérica no tiene problema alguno para convivir al lado de los más peligrosos narcotraficantes que hayan nacido en México, e inclusive ha tenido inscritos (en la Universidad Autónoma de Guadalajara) entre sus estudiantes a los hijos y sobrinos de narcotraficantes de renombre, a los cuales les ha permitido concluír sus estudios sin problema alguno a diferencia de lo que hace en contra de otros por meras cuestiones ideológicas, lo cual confirma lo torcido que tienen sus valores en esa “casa de estudios”.

Lo que está sucediendo no significa que la extrema derecha sea amiga convenenciera de los grandes capos del narcotráfico, porque a fin de cuentas los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y su máxima creación el Yunque no son amigos de nadie más que de ellos mismos. Para ellos es una táctica perfectamente válida enfrentar a unos con otros haciéndolos que se maten entre sí, siempre con el ojo puesto en la famosa frase “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Habido el hecho de que la improvisada guerra contra el narcotráfico no estaba dentro de la agenda de campaña de Felipe Calderón, subsiste la posibilidad de que tal declaratoria de guerra le haya sido sugerida repetidamente al panista tradicionalista Felipe Calderón deliberadamente y con todas las malas intenciones del mundo precisamente por alguien con fuertes nexos con la extrema derecha mexicana; ellos muy bien le pudieron haber metido ideas en la cabeza metiéndolo en este embrollo por las razones estratégicas que se acaban de ennumerar arriba aunque sea el pueblo de México el que a fin de cuentas tenga que pagar las facturas. Ciertamente, son capaces de esto y mucho más. Ya lo demostraron con creces con la estrategia de la guerra sucia llevada a cabo en el 2006 con la ayuda de TELEVISA, pletórica de rumores y desinformación, lo han demostrado en muchas otras circunstancias en el pasado reciente, y lo seguirán demostrando hasta donde les sea posible llegar. Se trata de los mismos expertos en rumorología que en 1975 primero y en 1982 después, actuando desde el anonimato como gustan de hacerlo, casi logran desestabilizar a los gobiernos priistas de Luis Echeverría Alvarez (destaca el rumor del “inminente” golpe de Estado que presuntamente planeaba dar Luis Echeverría para quedarse instalado como Presidente vitalicio de México) y José López Portillo (quien no sólo llegó al Poder Ejecutivo en medio de la más impresionante campaña de rumores jamás conocida en México de la cual en el número 4 de la Revista PROCESO la analista Sara Moirón observó en su artículo A falta de información, rumor: “Hace meses ya que venimos instalados en el rumor, un rumor que promueve, que moviliza, que define actitudes: compras de pánico, retiro de fondos de los bancos, fuga de capitales del país, podrían ser tres de los ejemplos más recientes y típicos”, sino que también terminó siendo el blanco al final de su sexenio de una campaña de rumores más intensa que logró amplificar los ya de por sí garrafales yerros en los que incurrió López Portillo, a grado tal que López Portillo escribiría en sus memorias tiempo después que el único rumor de todos que terminó resultando cierto, el “rumor” de la nacionalización de la banca, fué ignorado entre tantos otros rumores inclusive por el avezado banquero Manuel Espinosa Yglesias.)

Si presuntamente en 1968 lograron llevar al Presidente Gustavo Díaz Ordaz a los linderos de la paranoia convenciéndolo de que las protestas estudiantiles estaban manejadas por una “gran conspiración judía masónica comunista” urdida con la finalidad de desestabilizar y derrocar a su gobierno, motivándolo a ordenarle al Ejército a consumar la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿por qué razón no habrían de hacer algo similar ahora, orillados por fines “estratégicos” a tácticas sucias consistentes en ponerle un cebo a otros con la esperanza de que muerdan el cebo y caigan en la trampa puesta por ellos? Y hoy, al igual que ayer, no tienen que convencer a muchos, ni siquiera a pocos, para meter al país en un atolladero como el que está viviendo. Sólo tienen que convencer a una sola persona, al Presidente de México; con convencerlo a él es más que suficiente puesto que él es el Comandante en Jefe del Ejército y él es quien dá las órdenes para el inicio de cualquier tipo de acción militar, los demás salen sobrando. Siendo intrigantes y astutos, ¿por qué razón habrían de “perdonarle” a Felipe Calderón el montarle su propia trampa? En este caso, la serpiente del Edén le ofrece a Felipe Calderón su plena “legitimación” nacional e internacional iniciando una cruzada para “acabar” ahora sí de una vez por todas con el narcotráfico. Confiado, en sus adentros, ¿por qué no habría de seguirle haciendo caso Felipe Calderón a los mismos que con la guerra sucia lograron subirlo hasta la silla presidencial? Pero como ahora está descubriendo Felipe Calderón, demasiado tarde, es mucho más fácil caer en la ratonera que salirse de ella. Es mucho más fácil desencadenar sucesos que detenerlos una vez que están puestos en marcha.

Si hemos de hablar de una quinta columna de la ultraderecha encubierta incrustada en el gabinete Calderonista, encargada de convencer y arrastrar precipitadamente a Felipe Calderón a esta guerra ruinosa, el primer sospechoso sin lugar a dudas debe serlo el ex-Alcalde de Guadalajara (1998-2000), ex-Gobernador de Jalisco (2001-2006), conocido violador de los derechos humanos y represor proclive al uso del gran garrote, gran amigo de los ultraderechistas dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el primer Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Javier Ramírez Acuña así como el ex-Gobernador de Jalisco (1995-2001) con fuertes nexos con el Opus Dei y actual Secretario de la SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez. Hay otros que podrían ser listados, pero a fin de cuentas el que está en mejores condiciones que nadie para poder identificarlos es el mismo Felipe Calderón; el debe saber quiénes le estuvieron susurrando al oído metiéndole ideas locas en la cabeza para "ayudarlo" a lograr su legitimación. De cualquier manera, Felipe Calderón y el país entero están metidos ya en un atolladero del que no hay salida a corto plazo, y resulta poco consuelo el saber quién o quiénes fueron los “consejeros” de Felipe Calderón en estos menesteres.


LOS SALDOS NEGROS


Según lo reconoció el mismo Procurador General de la República Eduardo Medina, antes de finalizar mayo del 2008 los asesinatos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico habían aumentado 47% en lo que iba del 2008, pues de enero a la fecha se habían registrado mil 378 asesinados, frente a los 940 en el mismo periodo del año pasado. Tales cifras se recrudecen si se toma en cuenta que en todo el sexenio foxista las ejecuciones fueron un poco más de las 6 mil 500, y en el actual, cuando aún no cumple dos años, la cifra llegó a un total de 4 mil 152 asesinados, de los cuales 450 son policías, fiscales y miembros de las fuerzas armadas. Estadísticas como éstas son las que llevaron a la conocida analista Carmen Aristegui (ex-conductora del programa radiofónico de TELEVISA RADIO Hoy por hoy y removida del mismo pasando a formar parte de la lista de los vetados por TELEVISA junto con Andrés Manuel López Obrador) a formular las siguientes observaciones publicadas en varios diarios del país:

¿Quo vadis, Felipe?
Carmen Aristégui
Periodista y analista política
23 de mayo del 2008

La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa –dicen los expertos– lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico.

7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.

Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país? ¿En qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México? ¿Cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico? ¿Se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico? ¿En qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.

Por lo tanto, dice el experto: “es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico, 2) ataque a sus brazos armados, 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país.

El problema mayor radica en que –siguiendo este estudio comparativo internacional– en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias.

No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita.

Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento –sin desarticularlos en lo político y financiero– trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”.

Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

Haciendo eco de la actitud pesimista que prevalece en el país sobre el tema de la inseguridad pública, otro analista crítico de la administración Calderonista, José Gil Olmos, expone elocuentemente la desesperación que prevalece en la cima del poder ante el bache en el que terminó cayendo México gobernado por los gobiernos del cambio:

La Guerra Perdida
José Gil Olmos
Agencia APRO
21 de mayo del 2008

La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.

El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.

Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.

Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.

Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.

Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.

Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.

El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.

Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.

Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.

El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.

La lastimosa lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón ha llegado a niveles tan ridículos, que inclusive aunque unos cuantos logren ser aprehendidos por algún efímero golpe de suerte y recluídos en una penitenciaría, estos pueden ser rescatados sin problema alguno y sacados de la prisión por la puerta principal mucho antes de que sus casos puedan ser juzgados, como lo muestra el hecho de que en la mañana del 16 de mayo del 2008 un comando fuertemente armado penetró poco antes de la una en el Centro de Readaptación Social (Cereso) "Duport Ostión" del municipio de Coatzacoalcos sustrayendo violentamente a cinco reos vinculados al brazo armado del Cártel del Golfo, Los Zetas. El rescate se perpetró a pesar del Operativo Veracruz Seguro que realizaban desde el mes de abril autoridades del Ejército Mexicano, Policía Federal, PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Los cinco sicarios habían sido detenidos desde el 10 de marzo del 2007 en el municipio de Coatzacoalcos, cuando pretendían secuestrar a un pominente ganadero de la región. La Policía Municipal de aquel lugar frustró el secuestro y los sicarios vinculados a Los Zetas fueron detenidos y recluidos en dicho centro penitenciario. En aquella ocasión fueron más los detenidos, sólo que algunos fueron trasladados a la ciudad de México por parte de la SIEDO. Pero a poco más de un año de su captura, fueron rescatados por medio del comando armado. Fuentes anexas a la investigación indican que un grupo “significativo” de sicarios armados con rifles AK-47 y R-15 arribó intempestivamente al penal y tras someter a los custodios y policías, penetraron hasta su interior para liberar a cinco presuntos miembros de Los Zetas. Apenas el día anterior, el 15 de mayo del 2008, en el estado de Sinaloa, en lo que pareció ser un desafío a la presencia de las fuerzas federales en Sinaloa, un comando de más de 40 hombres atacó las instalaciones de la Policía Ministerial y tres residencias en Guamúchil, con armas de alto poder y granadas, perdiendo un civil su vida en los tiroteos. Los agresores, que se desplazaban en 10 camionetas de lujo tipo Lobo, Jeep y Ram, iban vestidos de negro y llevaban sobrepuestos logotipos de la Agencia Federal de Investigación. Esto ya no es una pequeña banda de asaltabancos. Se trata de un verdadero ejército de sicarios, bien armados, bien pertrechados. Ningún policía en su sano juicio que vaya en su patrulla armado con una pistola que se antoja de juguete en comparación con las ametralladoras de alto poder que poseen los sicarios se atreverá a interponerse en su camino. Esta es la guerra que el Procurador General de la República Eduardo Medina Mora afirmó que "estamos ganando". Esta es la guerra con la cual Felipe Calderón está logrando la legitimación que no pudo lograr claramente por la vía de las urnas.

Para dimensionar la magnitud de lo que realmente está siendo enfrentado en la “guerra total” al narcotráfico declarada al aventón en México por un Felipe Calderón ansioso por lograr una legitimación plena que no pudo lograr en las urnas, basta con echar un vistazo a lo que sucedió en Colombia en circunstancias similares con uno de los capos más importantes que ha padecido dicho país, un capo multiasesino vinculado a la muerte de más de 4 mil personas: Pablo Escobar Gaviria, el jefe del Cártel de Medellín, el símil colombiano del Cártel de Juárez o del Cártel de Sinaloa. Para dar de baja a este despiadado y sanguinario narcotraficante el 2 de diciembre de 1993 tras medio año y medio de cacería despachándolo al Infierno en donde debe encontrarse en estos momentos, fueron necesarios una recompensa de 25 millones de dólares, un comando de la policía colombiana especialmente entrenado con tal fin y unos 8 mil hombres adscritos a los organismos de seguridad del Estado, la ayuda indirecta de los carteles de la droga rivales (organizados como “los Pepes” o “Perseguidos por Pablo Escobar”) y los grupos paramilitares, docenas de efectivos de la DEA, el FBI y la CIA, los Navy Seals de la Marina y el grupo Delta del Ejército norteamericano, aviones del gobierno norteamericano equipados con radares especiales y el dinero de algunos de los hombres más ricos de Colombia. Y a cambio de todo este inmenso operativo para dar de baja a un solo hombre, en cuya puesta en marcha se perdieron muchas vidas causándose un severo daño económico al país al responder Escobar Gaviria con ataques terroristas a la cacería montada en contra suya, quince años después la cocaína continúa fluyendo desde Sudamérica hasta los Estados Unidos el día de hoy al igual que ayer sin que les falte su droga a los adinerados adictos norteamericanos, demostrándose así que para estar surtiendo esta mercancía maldita nadie es indispensable ya que por cada capo de primer orden como Pablo Escobar Gaviria, “el Chapo” Guzmán y “Don Vicente” hay por lo menos otro esperando tomar su lugar. Al desatar su “guerra total”, Felipe Calderón no se puso a pensar que él como Presidente de México no tiene a su disposición en estos momentos nada ni remotamente parecido o comparable a los vastos recursos y la logística que fueron necesarios para llevar a cabo la cacería de Pablo Escobar Gaviria, algo en lo que Felipe Calderón debería haber meditado profundamente antes de lanzar precipitadamente al país en su “guerrita” sin que México estuviera preparado adecuadamente para ella.

Felipe Calderón quería ser Presidente de México al precio que fuese. Hoy lo es, y están pagando por ello el resto de los mexicanos.


OPORTUNIDADES PERDIDAS


La mal planificada y peor ejecutada Cruzada lanzada por Calderón en contra del narcotráfico equivalió a abrir la caja de Pandora, porque se trata de una guerra contra el crimen organizado en las calles de la ciudad para la cual el Ejército, entrenado para las guerras convencionales y el combate a la guerrilla, no está preparado; simple y sencillamente los soldados no son policías, esa no es su función. Pero por otro lado, la policía convencional tampoco está preparada para enfrentarse con sus pistolas y sus macanas a un enemigo que posee armamento variado que va desde granadas y bazookas hasta lanza-misiles capaces de mandar abajo un avión. En todo esto debería de haber pensado Felipe Calderón antes de tratar de lograr su legitimación abriendo un frente de guerra en una guerra no-convencional que se antoja imposible de ganar.

La improvisación con la cual México fue arrojado en esta aventura ha originado que se cometan errores imperdonables. Por mencionar tan sólo uno de ellos, tenemos el caso de los policías que han sido ejecutados en Ciudad Juárez cuyos nombres habían aparecido previamente en unas listas dejadas por los que habían advertido de las ejecuciones que iban a cometerse. Jamás antes grupo delictivo alguno había cometido una pifia tan garrafal, la de revelar de antemano su lista de víctimas. Cada uno de los señalados en dichas listas pudo haber sido utilizado como cebo, como parte de una bien tendida trampa para atrapar a los comandos asesinos en el acto de cometer el ilícito. Los amenazados no tenían absolutamente nada que perder con prestarse a tender este tipo de trampa, y antes bien tenían alguna posibilidad de salir con vida en un operativo de esta naturaleza. Lo que sucedió a fin de cuentas, por falta de un plan de acción, es que todos los que aparecen en dichas listas han terminado siendo asesinados pero sin que se haya capturado a uno solo de sus ejecutores. Murieron en vano. Y se debe recordar en todo momento que el principal responsable de atender los delitos cometidos por el crimen organizado relacionados con el tráfico de estupefacientes es el gobierno federal, el mismo gobierno que está en estos momentos en manos del Partido Acción Nacional, los mismos que estuvieron advirtiendo con su campaña de guerra sucia que el alto costo por llevar a López Obrador a la Presidencia sería un aumento dramático en la inseguridad del país.

Otro yerro garrafal de mayor escala, imperdonable, es el no haber utilizado en contra de los narcotraficantes los amplios poderes de terrorismo fiscal con los que cuenta el fisco mexicano para estar estrangulando a los causantes cumplidos como lo ha venido haciendo desde siempre. Recordemos que el famoso gángster de Chicago, Al Capone, fué refundido en la cárcel no por su tráfico de licores, no por sus garlitos, no por su trata de blancas, sino por el delito de evasión de impuestos, el cual por sí sólo fué más que suficiente para removerlo permanentemente de la sociedad norteamericana. Y lo mismo se podría haber hecho en México, toda vez que cualquier actividad de enriquecimiento, lícito o ilícito, que no reporte los impuestos que debe causar, puede ser motivo de una persecución implacable que hasta la fecha sólo se ha estado ejerciendo en contra de los causantes cautivos y cumplidos que jamás han violado la ley. Hasta hoy, el fisco mexicano no ha refundido en prisión a ningún narcotraficante por el delito de evasión de impuestos, pena reservada para el resto de los mexicanos que se atrevan a incurrir en alguna equivocación así sea involuntaria en su declaración anual de impuestos. En lugar de acciones como ésta, en cuanto Vicente Fox se instaló como Presidente de México lo primero que tuvo lugar fué la fuga de una prisión de máxima seguridad de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los más peligrosos narcotraficantes de Latinoamérica, cuya captura había sido uno de los más grandes logros de la última administración priista federal.

Sumemos a la cadena de pifias el no haber invocado desde un principio en esta guerra cruenta la cooperación de las agencias anti-drogas de otros países tales como las agencias federales norteamericanas creadas para combatir en los Estados Unidos este tipo de delincuencia, la Drug Enforcement Agency (DEA) y el Federal Bureau of Investigations (FBI), lo cual hubiera requerido un acto de humildad aceptando que México no cuenta ni con los recursos monetarios ni con la inteligencia suficiente para librar por sí solo una batalla de este calibre. Una petición de ayuda que llegó demasiado tarde fue la formulación del Plan Mérida que terminó siendo convertido por el Congreso estadounidense en verdaderas migajas con una serie de vergonzosas restricciones y condicionamientos injerencistas que posiblemente ningún otro país soberano aceptaría a menos de que la situación fuera tan catastrófica que no le quedara más remedio que tragarse su dignidad y aceptar las migajas condicionadas. (Como muchas de las verdades a medias o de plano falsedades mediáticas oficialistas, el Plan Mérida no tuvo su origen a raíz de una propuesta hecha por Felipe Calderón durante el encuentro que tuvo con George Bush en Mérida, Yucatán, el 14 de marzo del 2007, sino de hecho fue un plan que surgió dos meses antes en enero de 2007 por iniciativa de los congresistas estadunidenses Silvestre Reyes y Henry Cuéllar. La propuesta original consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que Bush buscó inicialmente en el Congreso para los próximos tres años.) Este “plan” con todo y sus “condicionamientos” aún está en espera de que el Congreso norteamericano apruebe la reducida ayuda económica requerida con urgencia para enfrentar la crisis de proporciones colosales que se desató tras el ascenso de Felipe Calderón al poder. De cualquier modo, sobran incidentes en los cuales se podría haber presionado a las autoridades norteamericanas para hacer su parte; ejemplo de ello es lo que le sucedió a una mujer estadounidense de 29 años de edad, Libby Gianna Craig, quien fue ejecutada junto con otros tres mexicanos en el cañón El Morro, delegación Primo Tapia, municipio de Playas de Rosarito, 40 kilómetros al sur de Tijuana, Baja California. El FBI y la DEA aún están a la espera de que el gobierno de Felipe Calderón solicite la cooperación de dichas agencias así sea para aclarar única y exclusivamente la ejecución de esta ciudadana norteamericana, un asunto que también les debería interesar a las autoridades norteamericanas por tratarse de una ciudadana estadounidense. Según la Procuraduría de Justicia del estado, el cadáver de la norteamericana se encontró el domingo 18 de mayo del 2008 en avanzado estado de descomposición, cerca de una camioneta de modelo reciente con placas de California, junto con los de Juan José Olivares Cervantes, El Lumpy; Antonio Virgen Castaño, El Kilo, y Francisco Javier García Zavala. La guerra desatada por Felipe Calderón es algo en lo cual están perdiendo ya sus vidas ciudadanos estadounidenses, y si los colaboradores de Calderón no han usado este argumento de manera efectiva para convencer a los norteamericanos a hacer la parte que les corresponde, ello se debe a que la “guerra” fue iniciada de manera improvisada sin un plan previo de acción, cometiéndose error tras error tras error en una larga cadena de errores que los enemigos de México están aprovechando a su favor.


LA EJECUCION DE ÉDGAR MILLAN


Si hemos de hablar de una baja lamentable en la “guerra” sin fin emprendida por Felipe Calderón, esta tiene que ser necesariamente la del Coordinador Regional de la Policía Federal, Édgar Eusebio Millán Gómez:





Hasta donde es posible saberlo, Édgar Millán era un funcionario honesto que no había sido carcomido por el amplio poder corruptor del narcotráfico. Édgar Millán era una excepción a la regla, su integridad hasta el día de hoy no ha sido cuestionada por nadie y su servicio público a la Nación lo convirtió en una honra para el país que lo vió nacer. Dedicado por completo a sus deberes en el combate al crimen, Édgar Millán era uno de los pocos en quienes Felipe Calderón realmente podía confiar. Si hemos de evaluar la importancia que tenía Édgar Millán en esta guerra cruenta comparándolo con piezas en un tablero de ajedrez, posiblemente Édgar Millán era tan valioso como una torre y un alfil juntos.

Precisamente porque era un funcionario prácticamente imposible de sobornar, dedicado en cuerpo y alma al servicio de la Patria, el despiadado crimen organizado no encontró otra manera de hacerle frente más que eliminarlo en la madrugada de un fatídico jueves 8 de mayo del 2008. La ejecución de Édgar Millán demostró de modo contundente hasta qué grado el gobierno federal está infiltrado por el crimen organizado. Los sicarios que ejecutaron a Édgar Millán pudieron hacerlo porque Édgar Millán fué traicionado, dieron con él debido a una filtración que les indicó a los asesinos que Édgar Millán llegaría la madrugada de ese jueves 8 de mayo a la calle de Camelia 132 en la Colonia Guerrero para visitar a sus padres. No se tentaron el corazón para matarlo frente a la casa de sus propios padres. De acuerdo con fuentes de la policía federal, los datos sobre el trayecto, el punto a visitar, y la hora estimada de arribo estaban en la agenda de actividades de Édgar Millán, una agenda a la cual tenían acceso tan sólo un puñado de personas. El sitio del crimen estaba en la ruta diseñada y comunicada por Édgar Millán a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y este dato sólo era conocido por un grupo pequeño de funcionarios. El Judas que lo traicionó fue el agente de la corporación José Antonio Martín Montes Garfias, quien habría planeado el asesinato de Millán por instrucciones de los hermanos Beltrán Leyva, una célula del cártel de Sinaloa que opera Joaquín El Chapo Guzmán.

A continuación tenemos la fotografía del presunto asesino material de Edgar Millán, Alejandro Ramírez Báez:





La captura de este sicario sería cobrada poco tiempo después por el crimen organizado con el asesinato a sangre fría a plena luz del día de un amigo y subalterno de Édgar Millán, el Comandante de la Policía Federal Preventiva Igor Labastida, quien investigaba la corrupción dentro de la extinta Policía Federal de Caminos, el cual fue ejecutado el 26 de junio del 2008 por un sicario que lo roció con una ametralladora Uzi mientras comía en compañía de sus tres escoltas en una fonda que frecuentaba hacía años, muriendo uno de sus guardaespaldas. Esta ejecución estuvo tan bien orquestada que inclusive fue filmada para el disfrute y deleite de quienes la ordenaron por un “camarógrafo” que esperaba en el exterior del local con una cámara de video, el cual entró para grabar los cuerpos sin vida y el cual después de tomar imágenes por unos segundos salió y, con paso tranquilo sin prisa alguna, se alejó por las calles de la colonia Argentina Antigua del Distrito Federal, siendo descrito como un hombre alto, delgado y canoso, según el testimonio de un vecino del lugar de los hechos que pidió reservar su nombre.

El siguiente editorial publicado por la Agencia APRO no sólo repasa la ejecución de Édgar Millán sino que además resume otros temas relacionados como la muerte del hijo del Chapo Guzmán:

República de la Violencia
Ismael Bojórquez
Agencia APRO
11 de mayo del 2008

Ya no es asunto de percepción. Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie -ni por la federación ni por los Estados, ni por fuerzas policiacas o militares, ni por la combinación de ambas... Más aún: su onda expansiva lo corroe prácticamente todo en la República entera. Lo que ocurre por estos días en Sinaloa, Sonora y Guerrero, con repercusiones incluso en el Distrito Federal, constituye un ejemplo de lo que puede denominarse como el gran fracaso del gobierno espurio: su guerra total contra el narcotráfico. En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Édgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8 de mayo del 2008.

“Ya no se puede vivir en Culiacán”, le dijo el fotógrafo Candelario Baldenegro a su esposa mientras circulaban en su auto por las calles de esta ciudad.

El matrimonio llevaba un paquete de fotografías que iban a entregar a sus clientes para obtener un poco de dinero y tener con qué pasarla. Candelario no dejaba de hablar, lamentándose por la violencia desatada en la ciudad.

Después de manejar durante una hora, Candelario se detuvo en una gasolinera donde cargó combustible. Antes de partir bajó del vehículo y revisó las llantas; también se aseguró de que el tapón del tanque de gasolina estuviera en su lugar.

En ese momento escuchó las ráfagas de los AK-47 con los que un grupo de sicarios acribilló, a unos metros del lugar donde él se encontraba, al jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Miguel Angel Santacruz.

Una bala que erró el blanco se le clavó en el hombro izquierdo. Poco después Candelario estaba muerto. Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril en el barrio residencial Guadalupe, cerca de la Casa de Gobierno.

En esa refriega, la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial. El resultado fue de cinco muertos -tres delincuentes y dos policías locales-, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares.

Al día siguiente, uno de mayo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, asistieron al desfile obrero. Todo parecía normal hasta que seis helicópteros, cuatro de ellos artillados y con capacidad para 40 elementos, comenzaron a sobrevolar la ciudad.

Estas maniobras se prolongaron durante varias horas. Mientras se desarrollaban, el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Édgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la que estuvo acompañado por el procurador estatal, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y por la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz. Ahí, los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior.

Millán Gómez -quien el jueves 8, una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal- reivindicó el desempeño de la PFP. En conferencia de prensa expuso que el golpe había sido resultado de un minucioso "trabajo de inteligencia" de la dependencia federal y advirtió que el gobierno seguiría la lucha contra el crimen organizado.

Terminado el acto, el mandatario se marchó de la Entidad. Por su parte, los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México. Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo).

El viernes 2 se desató la violencia. En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa...

Ante la falta de información oficial, la gente comenzó a hacer conjeturas. Entre los propios cuerpos policiacos de Culiacán varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán; otra versión, recogida en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, a quienes atribuyen la entrega de Alfredo Beltrán, El Mochomo, aprehendido en Culiacán el 21 de enero pasado.

Una tercera, recogida al interior de la PFP, sostiene que la dependencia sólo ataca a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Narcopropaganda

El domingo 4, en medio de la zozobra por la ola de ejecuciones, Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo Beltrán.

Una decía: “Soy el jefe de la plaza”; otra: “Soldaditos de plomo, federales de paja… aquí el territorio es de Arturo Beltrán”; y una tercera: “Policías-soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán”.

Al día siguiente, el lunes 5, el diario Noroeste publicó una nota en la que recogía la versión de que Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán habían roto. La nota se redactó a partir de información proporcionada por “fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato”, decía el periódico.

De acuerdo con sus fuentes, Noroeste informó: “Arturo Beltrán Leyva le reclamó a (Joaquín) Guzmán Loera haber entregado a su hermano a las autoridades federales y lo amenazó con acabar con el Cártel de Sinaloa por lo que habían hecho con Alfredo Beltrán…”

Las historias sobre una supuesta ruptura entre capos y sicarios sinaloenses no es novedosa. En septiembre del 2006 un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres, un jornalero de la sindicatura de Jesús María que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán, durante un operativo en la sierra de Bastantita, Durango, en los límites con Sinaloa. El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como Eddy. El primero decía; “Por dedo, Eddy”; y el segundo: “Regalo de fiestas patrias”.

El 2 de diciembre del 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca del pueblo de Imala. En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: “Bola de pendejos, maricas, Chaputo”, decía.

En septiembre del 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército. En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, incluido el propio cuartel militar de esta ciudad. A un costado de la guarnición, junto con los restos de un animal envuelto en plástico negro y con una corona, colocaron un recado amenazante: “O te alineas o te alineo”. Gral. Eddy. “O copela o cuello”.

Todas estas acciones fueron atribuidas a las células de los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.

Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno espurio; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes 5. La primera, colocada junto a un centro comercial, decía: “Compañeros policías: no les puedo dar mi nombre por seguridad, pero si ustedes como yo tienen dignidad y se preocupan en verdad por la seguridad de los sinaloenses, les invito a que unamos fuerzas y combatir sin temor a los asesinos de policías, cosa que nunca se había visto en Culiacán. Ustedes saben que con nuestros jefes no podemos desahogarnos porque nos cambian de asignación, así que solamente juntos rescataremos a Sinaloa de estos asesinos”.

La segunda, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, tenía un mensaje similar: “Soy policía como tú y merezco respeto ¿Por qué no nos unimos y le ponemos un alto a los asesinos de nuestros compañeros de la PFP y municipales desaparecidos? No nos hagamos tontos, ustedes y yo sabemos que los perros asesinos son mandados por Arturo Beltrán Leyva y comandados por El Miky, El Osama y El Amado. ¡Ya basta compañeros!”.

La tercera colgaba sobre un puente en el malecón Niños Héroes. Decía: “Arturo Beltrán, tú tendrás mucho dinero y serás muy amigo de Genaro García Luna, de Vicente Carrillo y del general Miranda (al parecer se refiere a Roberto Miranda Sánchez, comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán), pero nosotros los policías somos más y te vamos a ganar la pelea, asesinos de policías, dile a tu gente que son tontos porque aparte presumen la amistad con Genaro y Miranda, toma en cuenta que la guerra con nosotros los policías tú la iniciaste y ahora te aguantas”.

Lo inédito

En su sesión del martes 6 la Comisión Permanente del Congreso estatal abordó el asunto de la violencia. Los legisladores aprobaron por consenso un punto de acuerdo: llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado.

“Que se ponga más énfasis a la labor de inteligencia policial en todas las etapas de la cadena que involucra la producción, tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero, y se apliquen medidas urgentes contra el contrabando de armas de alto poder”, dice el punto de acuerdo.

Asimismo, los legisladores solicitaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesione en Culiacán “con el fin de evaluar y rediseñar las acciones en contra de la delincuencia organizada”.

Ese martes fue de terror. Decenas de llamadas anónimas enloquecieron a las corporaciones policiacas, casi todas fueron falsas: que un policía fue levantado; que se localizaron dos cadáveres, que había una bomba en un colegio, que un grupo de la Policía Ministerial fue atacado, que hubo una balacera…

Sólo una resultó verídica, la que mencionaba que a un costado de la carretera 20, en el valle de Culiacán, había un cadáver. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo del agente Alberto Javier Olvera Pérez, de la Dirección de Servicios de Protección, quien había sido levantado el 28 de abril. Su cuerpo estaba incompleto. Fue decapitado. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico a un lado. Tenía un mensaje: “Para que sepan cobardes, si son tan hombres ablenme (sic) derecho bola de putos, culeros, si no son tan pendejos ya saben quien soy yo… mis respetos para los niños”.

El miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos. Al día siguiente aparecieron otras tres mantas: una en la reja de Catedral, a unos metros del diario Noroeste, y en dos puentes peatonales, uno en Ciudad Universitaria. El lenguaje ahora era más ofensivo y tenía otros destinatarios.

La de Catedral decía: “Agárrense gobierno unido al Mayo; Agárrense chapos y zambadas; despertaron al monstruo de los cielos, y niño sólo hay uno, el cual mataron unos perros traicioneros y ese sí era de (oro)”. En ninguno de los casos, autoridad alguna ha explicado el origen de los mensajes.

Ese mismo día, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, acompañado del procurador de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; del presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, y de la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz, se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en sus oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. En ese encuentro, Mouriño les dijo que en los próximos días el gabinete de seguridad nacional se reuniría en Culiacán “para analizar nuevas estrategias tendientes a recuperar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”.

Horas después de esa reunión fue asesinado Édgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el bulevar Universitarios, en Culiacán, junto con tres jóvenes que lo acompañaban. Sólo uno de ellos sobrevivió. El comando que los ejecutó disparó más de 500 proyectiles de AK-47 y un bazucazo cuyo proyectil terminó en la fachada de un negocio.

El viernes 9 a mediodía el gobierno estatal informó que uno de los muertos durante el ataque es el hijo del El Chapo, Edgar Guzmán. Otro es Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, considerada como una de las principales operadoras financieras de una célula del Cártel de Sinaloa.

Esta ola de violencia que comienza a golpear directamente a los capos del Cártel de Sinaloa preocupa a los habitantes de esta capital. Algunos de ellos aseguran incluso que lo peor está por venir.

La lamentable ejecución de Edgar Millán y la ira y desesperación de Felipe Calderón ante esta pérdida irreparable aparecen reflejadas en los comentarios puestos en el siguiente editorial publicado en el número 1646 de la revista PROCESO:




La desesperación
Daniel Lizárraga
Revista PROCESO
18 de mayo del 2008

Tras el asesinato del “cerebro” de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el presidente montó en ira: regañó a los poderes Judicial y Legislativo y acusó a los medios de comunicación de colaborar con el narcotráfico. Destacados personajes de esos ámbitos consideran que la actitud del mandatario no sólo es equivocada y autoritaria, sino que el problema viene desde el propio Ejecutivo, quien emprendió su guerra de manera unilateral y sin el consenso de los Poderes de la Unión ni de los sectores sociales a los que hoy reprende. Así que, al reclamarle a la sociedad una mayor colaboración, lo único que está propiciando es que la gente le diga: “Oiga presidente, ¡ya basta!”

El exabrupto presidencial del 12 de mayo último, cuando Felipe Calderón responsabilizó con un “¡Ya basta!” a los poderes Legislativo y Judicial, a los ciudadanos y aun a los medios de comunicación de su propio fracaso en su guerra contra el narcotráfico, “es injusto y absurdo”, según la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, mientras que para la periodista Carmen Aristegui es una mezcla de “preocupación y desesperación, y una dosis de intolerancia”.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, respondieron así a una solicitud de Proceso para comentar las declaraciones del presidente: “no hay ni habrá ninguna declaración”.

Lo cierto es que los hermanos Beltrán Leyva –miembros del cártel de Sinaloa– tocaron el sistema nervioso del gobierno cuando ejecutaron a mansalva al coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Édgar Eusebio Millán Gómez, considerado por las autoridades como “el cerebro” de la estrategia contra el narcotráfico.

Ante esto, el presidente Felipe Calderón acusó a los medios de comunicación de colaborar con la delincuencia; al Poder Judicial le reprochó no revisar la actuación de los jueces fomentando la impunidad y a los legisladores les exigió ponerse a trabajar para que los delincuentes no regresen a la calle.

Durante 6 minutos y 58 segundos, el mandatario golpeó con frecuencia el atril colocado al pie de la escalinata de la residencia Miguel Alemán, ubicada dentro de Los Pinos, al responder a un pregunta hecha por los reporteros de la fuente presidencial en torno a la percepción de algunos sectores de la sociedad en el sentido de que su estrategia contra el narcotráfico está fracasando.

Los comunicadores, antes de iniciar la rueda de prensa con motivo de la visita oficial del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, también acordaron pedir una explicación sobre su exclamación “¡Ya basta!”, lanzada por Calderón en Reynosa, Tamaulipas, horas después de que se conociera el asesinato.

Cuando la reportera de Excélsior Ivonne Melgar acababa apenas de concluir la pregunta, el mandatario apretó la mandíbula y arrugó la frente.

“El ‘¡Ya basta!’ es una convocatoria y es una exigencia a todos sin excepción: a los ciudadanos, para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de las operaciones criminales, para no solapar la existencia ni en el barrio, ni en la ciudad, ni en el comercio, ni en la cámara empresarial, de las organizaciones criminales”, dijo en tono enérgico, lanzando una aguda, punzante mirada hacia los rostros de los comunicadores.

Apenas un día antes de este encuentro, el domingo 11 de mayo, los diarios locales en Sinaloa y los periódicos de circulación nacional reportaron que las calles de Culiacán estaban vacías. La gente sentía miedo luego del tiroteo entre grupos de narcotraficantes durante el cual resultó muerto Édgar Guzmán, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Sicosis y miedo atrapan a Sinaloa”, tituló en su primera plana El Universal. “Festejan con temor las mamás su día”, rezó el encabezado del Noroeste, editado en Culiacán.

No obstante, al mandatario este tipo de tratamientos, noticias y crónicas no lo hicieron cambiar. Por el contrario, advirtió que su gobierno seguirá adelante sin sumarse “al abandono, a la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.

Cada frase del mandatario iba acompañada de un manotazo al aire, de golpes al atril; ya fuera con la palma de la mano o clavando el dedo índice en la madera.

Calderón arremetió primero contra los legisladores:

“El ‘¡Ya basta!’, que es un llamado a los líderes del Congreso para tener una legislación que permita terminar con la impunidad con la cual los delincuentes salen de las prisiones. El asesino material de Édgar Millán había estado preso tres veces en el Distrito Federal por diversos delitos, y las tres veces, a los pocos meses, obtuvo su liberación; eso es inaceptable”.

El vehemente reclamo de Felipe Calderón “es injusto y absurdo”, responde la aún presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta.

Entrevistada por Proceso, pide al mandatario tomar las cosas con más calma y, sobre todo, reflexionar en qué pretende cuando la experiencia internacional arroja que el endurecer las leyes no necesariamente significa disminuir la violencia.

El Poder Legislativo, puntualizó, “no puede sumarse a ciegas a su estrategia contra el narcotráfico como si fuéramos la PGR”. El problema, añadió, no va a resolverse acusando a los diputados, cuando en los hechos su plan en contra consiste sólo en empuñar las armas.

“Es absurdo pensar que los legisladores van a levantar la mano sólo para sumarse a las persecuciones contra los jefes del narcotráfico. No es posible que pretenda utilizar a los mexicanos para que sólo digan dónde están vendiendo droga, sin programas de prevención y de participación ciudadana.”

–¿Qué es no sumarse a ciegas?

–No sabemos si en la estrategia oficial hay cabida para algo más que no sean los soldados y la rigidez de las leyes, dejando a un lado otras experiencias internacionales que han rendido frutos, como fue en Palermo, Italia, por citar un ejemplo.

“Sin impulsar un programa de prevención del delito, difícilmente va a lograrse un consenso. Si en la Iglesia, por ejemplo, difunde la cultura de la legalidad y de no consumir drogas, entonces las cosas van a empezar a cambiar”, explica la legisladora mientras sostiene entre las manos un documento emanado de su corriente partidista, Nueva Izquierda, en el cual retomaron la experiencia de dos ciudades: Medellín y Palermo.

–¿Y cómo enfrentar entonces a los jefes del narcotráfico?

–La estrategia del gobierno es solamente de una cara: las armas. No hay que denostar el trabajo del Ejército, pero el costo está siendo muy alto, la gente tiene miedo. Y eso se está reflejando en discursos desesperados, como el que acabamos de escuchar en boca del presidente.

“Quizá sean justificables sus palabras si se siente solo, pero el problema es que no ha lanzado un proyecto que vaya más allá de las armas. Por ejemplo, poco ha dicho sobre cómo podemos trabajar en el tema del lavado de dinero.”

–¿El reclamo tiene que ver con el hecho de que no se aceptara su reforma penal, con los cateos sin orden judicial?

–Habría que preguntarle en qué estaba pensando. Los cateos sin orden judicial no se dejaron para proteger a los líderes sociales. Este gobierno metió en una cárcel de máxima seguridad al líder de la APPO, Flavio Sosa, por ejemplo. Eso no es un buen antecedente para confiar en ellos.

Del traje militar al indígena

Antes de que los hermanos Beltrán Leyva contrataran a sicarios para ejecutar a uno de los jefes policiacos mexicanos más experimentados en aprehender secuestradores y capos del narcotráfico, Felipe Calderón estaba en plena campaña para posicionar su programa de combate a la pobreza extrema, “Vivir Mejor”, por encima de la agenda de seguridad nacional a la que había dedicado la primera parte de su gobierno.

Entre el 1 de enero y el 16 de mayo pasados, Calderón sólo tuvo en su agenda alrededor de seis actos relacionados con la milicia. El presidente que arrancó su sexenio difundiendo una imagen de legalidad y orden mediante la difusión de 75 spots de televisión diarios en 39 días, ahora aparecía en los periódicos portando ropas indígenas: en Chiapas se vistió de chamula, y en Nayarit de cora.

Estas imágenes contrastan con el Calderón que el 3 de enero del 2007 se presentó en el campo militar de Apatzingán, uniformado con una casaca militar –tan larga que le cubría la mitad de las manos– y un quepí con el grado de general bordado en hilo negro –que le cubrió parte de las cejas– para saludar a la tropa encargada de enfrentar al narcotráfico en el operativo Michoacán.

Uno de los momentos más significativos en este giro del “presidente del orden y la legalidad” al presidente que “erradicará la pobreza extrema” en México se produjo el pasado 7 de mayo, cuando empezó a circular el Sistema 1 del Tren Suburbano que correrá de Cuautitlán, Estado de México, al norte del Distrito Federal.

Ese día Calderón miraba con satisfacción la puesta en marcha de uno de sus proyectos más ambiciosos. A pesar de que Ernesto Cordero, el secretario de Desarrollo Social, afirmó que “Vivir Mejor” no perseguiría fines políticos, los logotipos de ese programa eran visibles dentro y fuera de los vagones.

Durante la ceremonia de inauguración, los trenes y las instalaciones de la Terminal Buenavista lucieron carteles con el símbolo del gobierno federal y de “Vivir Mejor”. La propaganda estaba en todos lados: al frente, en los costados y dentro de los vagones. En los pilares de concreto de la estación y en las grandes mamparas colocadas en ese sitio por el que pasarán diariamente un promedio de 280 mil personas.

Decenas de acarreados del Estado de México y del Sindicato Ferrocarrilero vitorearon a un Calderón sonriente, acompañado del gobernador Enrique Peña Nieto. El presidente daba las gracias y, ante el griterío, pedía que lo dejaran hablar; 48 horas después, el cártel de Sinaloa asesinó al cerebro de su estrategia contra el narcotráfico.

Al defender los operativos militares, Calderón también atacó al Poder Judicial:

“Tiene que haber una transformación en la administración de la justicia, y esta tarea es un llamado también al Poder Judicial, que también tiene que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública ponen en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”, acusó con el rostro descompuesto, lanzando miradas airadas contra los reporteros de la fuente presidencial, quienes habían formulado la pregunta que lo hizo estallar durante la rueda de prensa.

A solicitud de Proceso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijeron explícitamente: “no hay ni habrá ninguna declaración” sobre las palabras del mandatario. Sin embargo, el exministro Juventino Castro y Castro envió a este semanario una opinión titulada: “El fracaso del combate a la delincuencia”.

En el texto, acusa a Calderón de regañar a los jueces como si el ofendido fuera él, cuando aún no ha proporcionado a la sociedad un plan o por lo menos un proyecto.

“Y en efecto, ya basta de soportar tanta angustia y tanto fracaso, que espero no sea por culpa de los mexicanos. Contra quien mostró más indignación Calderón, fue contra los jueces que ponen en libertad a los delincuentes, a pesar de las bien formuladas y fundamentadas consignaciones de las profesionales averiguaciones previas de nuestros flamantes procuradores de justicia”, ironizó el ministro.

Para el especialista en derecho penal, si el presidente se limitó a regañar a los jueces, no será posible salir de la escandalosa situación por la que pasa el país. Por ello, propuso un encuentro nacional de todos los procuradores y los jefes policiacos para que encuentren soluciones, junto con criminólogos y sociólogos, que vayan más allá del uso de las armas.

“De buenos propósitos está lleno el infierno; por ello, ante todo, para tener éxito, debe existir voluntad política e institucional, sinceridad de propósitos, metas a alcanzar, medios para actuar. Y firmeza, mucha firmeza. Más de la que tienen en nuestro Ejército, excelentes soldados pero pésimos policías”, comentó.

Miradas que matan

El presidente Calderón estaba enojado ese lunes 12 de mayo. Édgar Millán había dado golpes tan espectaculares como efectivos. Fue él quien participó en la liberación de Rubén Omar Romano cuando era entrenador del club de futbol Cruz Azul y aprehendió a Andrés Caletri, jefe de una de las bandas de secuestradores más activas y violentas.

Millán Gómez desempeñaba una labor estratégica en los Operativos Conjuntos contra el Narcotráfico, y unas horas después de que estuvo cerca de detener al jefe del cártel de Sinaloa Arturo Beltrán Leyva, fue ejecutado dentro de su casa paterna por un sicario a sueldo.

En los funerales, el presidente Calderón entregó a los familiares de Millán Gómez la bandera con la cual envolvieron el féretro del jefe policiaco.

Dos días después, Calderón estalló contra los medios de comunicación:

“El ‘¡Ya basta!’ es una exigencia a los medios de comunicación, precisamente para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales; para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar el terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación.”

Y remató su reproche así:

“…Para que los medios se unan a esta estrategia nacional contra la delincuencia porque son sus propios compañeros los que están siendo acallados en esas zonas.”

En su editorial del martes 13, titulado Calderón: delincuencia y despropósitos, el periódico La Jornada respondió así a las imputaciones del presidente:

Por lo que hace a las “exigencias” a los medios y a los informadores de que acepten y difundan de manera acrítica las versiones oficiales sobre el combate a la delincuencia, resulta inevitable recordar que el gobierno federal carece de cualquier atribución legal para formularlas, y que la declaración misma es, además de un amago a la libertad de expresión, un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.

Por añadidura, la insinuación de que la crítica a las políticas de seguridad en curso denota complicidad con el crimen organizado constituye un barrunto de chantaje, inaceptable e impresentable en un entorno democrático; una presión orientada a inducir la autocensura y, a fin de cuentas, la manifestación de una creencia inadecuada y peligrosa para el ejercicio del poder: los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y para que las estrategias gubernamentales tengan éxito basta con que los medios las celebren y se abstengan de expresar señalamientos críticos en torno a ellas.

En contraparte, en su artículo de Milenio diario publicado el viernes 16, el periodista Ciro Gómez Leyva sostuvo que el “¡Ya basta!” fue una arenga “que no quedó en el vacío, sino que conmovió y promovió adhesiones”.

Y citó lo dicho por el senador priista Manlio Fabio Beltrones, “quien (…) fijó lo que, supongo, es el sentimiento de la mayoría de los priistas: en este combate no se le puede regatear apoyo al presidente de la República”.

Compañero de Gómez Leyva en las páginas de Milenio diario, Joaquín López-Dóriga había escrito el miércoles 15, con el título Yo no soy cómplice, señor presidente: “es injusto (el discurso de Calderón) porque no todos los medios de comunicación a los que exigió no ser cómplices de la estrategia del crimen organizado, a los que acusó de compartir su estrategia, somos cómplices de esa delincuencia organizada o compartimos su estrategia criminal”.

Para Diódoro Carrasco, el exgobernador expriista que ahora milita en las filas del PAN y colabora en Milenio diario, los indignados comentarios de medios y periodistas al exabrupto de Calderón no son más que “respuestas victimistas”, por lo que cuestiona a quienes suponen, “desorbitada y facciosamente, que con sus exhortos el presidente está pisoteando la división constitucional de poderes y la libertad de expresión”.

Entrevistada por el reportero, la periodista Carmen Aristegui opina que el “¡Ya basta!” del presidente es en principio un despropósito por los destinatarios del mensaje.

“El talante mostrado es una mezcla de preocupación, desesperación y una dosis de intolerancia. La forma en que exige a los ciudadanos no ser cómplices de la delincuencia organizada está fuera de lugar”, puntualiza.

Y comenta que el mandatario debería preguntarse por qué la gente no está denunciando a los narcotraficantes como él quisiera. La respuesta, dice, es muy sencilla: porque tiene miedo.

–¿Cómo interpreta usted el reclamo presidencial?

–El presidente está pidiendo que hagamos nuestro trabajo acríticamente, y creo que eso no se va a poder. Es una barbaridad decir que los medios le estamos haciendo el juego al narcotráfico por difundir lo que está pasando. ¿Qué se supone que debemos hacer cuando aparece una manta de narcos dirigida a narcos? ¿Hacer como si no estuviera ahí?

–…Y, según el presidente, poner en ese sitio una noticia sobre la estrategia del gobierno…

–Lo grave no es que los medios retraten lo que está ocurriendo, sino que ocurra esa realidad. Entonces, cuando pide que los medios divulguen las acciones gubernamentales y que no compartan la estrategia de los narcos, creo que está confundiendo seriamente los terrenos. Creo que el presidente tendría que rectificar esa seria acusación.

–¿Confunde el papel de los medios o trata de imponer una línea oficialista?

–Creo que el presidente se mostró intolerante ante la crítica de esta lógica discursiva. Los críticos de la estrategia oficial, sean periodistas o ciudadanos, ¿pretenden que se deje a la gente en manos de la delincuencia? Vaya mensaje.

“Entiendo lo difícil de enfrentar este monstruo, pero por qué no va siendo más tolerante para aquilatar si la estrategia que él ha adoptado es la adecuada.”

–¿Qué consecuencias puede haber ante esta intolerancia en estos momentos?

–Lo que sucede es que si sube el reclamo a todos los mexicanos, también él está dando pie a que todos los ciudadanos digan: “Oiga presidente, ¡Ya basta!”.

–¿Autoritarismo?

–El presidente tendría que replantearse el sentido de la crítica, la cual no debe entenderse como algo que pretenda, por sí misma, destruir al gobierno. Los periodistas quisiéramos que el narcotráfico sea vencido; pero no entender que la crítica es un elemento valioso para revisar el camino, es muy grave.

“Al presidente le podemos preguntar si realmente está seguro de lo que está haciendo. Es nuestro derecho. Hace unos días, un experto, Eduardo Buscaglia, cuestionó en CNN la estrategia de Calderón por incompleta o riesgosa.


¿SE HAN AFECTADO LOS SUMINISTROS DE DROGA?


Existen dos barómetros sumamente confiables para determinar si la descalabrada guerra desatada por Felipe Calderón ha tenido éxito alguno desde que comenzó hace ya casi dos años: los precios de las drogas ilícitas en el mercado y la disponibilidad del producto. La escasez de cualquier producto en el mercado, legal o ilegal, se traduce de inmediato en un aumento en sus precios. Si los decomisos e incautaciones de drogas en México que se han estado alardeando a través de TELEVISA han impactado de modo significativo en la oferta del producto, esto debería verse reflejado de inmediato en los precios de los estupefacientes en el mercado norteamericano. Se ha estimado que en los Estados Unidos el consumo anual de cocaína colombiana cruzada por México ha oscilado entre 287 y 376 toneladas anuales. Cuando Felipe Calderón inició su “guerra”, el precio promedio de un gramo de cocaína pura al menudeo en los Estados Unidos era de aproximadamente 150 dólares. Pues bien, el precio en el mercado de la cocaína surtida por los narcotraficantes mexicanos hacia los Estados Unidos se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, el mercado parece estarse centrando cada vez más en el consumo de las metanfetaminas. El precio promedio de un gramo de metanfetamina pura al menudeo se había mantenido en unos 140 dólares. Pues bien, el precio en el mercado de las metanfetaminas se ha mantenido relativamente constante. Mucho menos rentable tanto por su precio como por su volumen que vuelve difícil su ocultamiento es la mariguana, cuyo precio promedio por gramo al menudeo era de unos diez dólares. Pues bien, el precio en el mercado de la mariguana exportada de México hacia los Estados Unidos también se ha mantenido relativamente constante. Esto en lo que respecta a los precios. Y en lo que respecta a la disponibilidad del producto, en estos momentos el joven estudiante de preparatoria en Sunnyvale, los pandilleros Starbucks del barrio negro de Watts y la decadente dama socialité de Chicago no tienen problema alguno para seguir obteniendo toda la droga que quieran a través de la amplia red de narcomenudistas que sigue operando en los Estados Unidos. Los flujos monetarios producto del narcotráfico, ininterrumpidos hasta el día de hoy, son de tal magnitud que el 19 de febrero del 2006 el Zar Antinarcóticos de los Estados Unidos, John P. Walters, dió una estimación oficial de las ganancias que estaban obteniendo anualmente los Cárteles mexicanos de las drogas por las ventas de drogas en los Estados Unidos: 13 mil 800 millones de dólares.

Las estimaciones más recientes indican que hay 22.6 millones de adictos en los Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de la National Survey on Drug Use and Health (Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud). Suponiendo que algún día realmente fuese posible suspenderle al mercado norteamericano el suministro de por lo menos el cincuenta por ciento de las drogas ilícitas que sus viciosos (estudiantes, músicos rockeros, pandilleros, artistas de cine, trabajadores de cuello blanco, profesionistas, etc.) requieren diariamente, dejando a la mitad de ellos sin droga alguna para consumir, en cuestión de un par de días los efectos inevitables de la malilla (el cuadro clínico que presenta un adicto cuando se le suspende de tajo todo su suministro de drogas) en cientos de miles de los redomados adictos norteamericanos serían de tal magnitud que la crisis podría empezar a colapsar las estructuras sociales de dicho país. De tal envergadura es la dependencia de un gran sector de la sociedad norteamericana en sus “tranquilizantes” disponibles a un costo estratosférico en términos de corrupción, delincuencia, y vidas humanas perdidas para siempre por causa de esos paraísos artificiales. Pero ello no ha ocurrido porque hasta el día de hoy los suministros están garantizados. Y si realmente, por algún acto de magia suprema, fuese posible suspenderle a los Estados Unidos no la mitad sino todo su suministro externo mundial de drogas, el espectáculo dado por millares de viciosos convulsionándose víctimas de la terrible malilla en sus casas y en las calles de dicho país, pegando gritos lastimeros y dolorosos noche y día muriendo cada instante sin morir del todo, sería más que suficiente para movilizar a la sociedad norteamericana para abrir sus fronteras e inclusive planificar invasiones y golpes de Estado con tal de garantizar nuevamente el suministro de los “tranquilizantes” necesarios a sus drogadictos. Porque, a fin de cuentas, a dicho país le importa más la vida de un solo drogadicto norteamericano que las vidas de veinte o de cien agentes mexicanos caídos en el cumplimiento de su deber en el combate al tráfico de drogas. Y si no se cree esto posible, recuérdese cómo cuando apareció la epidemia mundial del SIDA en las calles de Nueva York una de las primeras cosas que se llevaron a cabo fue la distribución gratuita de agujas hipodérmicas para que los drogadictos neoyorkinos pudieran seguirse drogando sin riesgo de contraer el SIDA a causa del intercambio de jeringas hipodérmicas. Esto, desde luego, es algo que también debería de haber tomado en cuenta Felipe Calderón antes de desatar su “guerra” total en contra del crimen organizado en México.

La guerra contra el crimen organizado es imposible de ganar en México mientras los viciosos más adinerados del mundo que residen en Norteamérica entre los cuales podemos citar a Whitney Houston, Ryan O'Neal y su hijo Redmond, Janis Joplin y Amy Winehouse estén dispuestos a pagar lo que sea con tal de satisfacer sus hábitos incorregibles.


UNA PROPUESTA DESCABELLADA


Entre las sugerencias para quitarle lo atractivo del negocio al crimen organizado está la de la legalización de las drogas en México, citándose los resultados obtenidos en países europeos como Inglaterra, Holanda, y más recientemente en Portugal, con dosis suministradas a bajo costo a los narcodependientes bajo el control de dependencias gubernamentales como el IMSS o la Secretaría de Salud. Esta idea se inspira en el éxito que tuvo en los Estados Unidos el levantamiento de la prohibición a la producción y el consumo del alcohol. Sin embargo, esta es una idea descabellada, por el simple hecho de que si las drogas son legalizadas en México pero se siguen manteniendo como ilegales en los Estados Unidos, lo que vendría sucediendo es que tanto los distribuidores como los consumidores de la droga en los Estados Unidos encontrarían del lado mexicano el suministro necesario para seguir manteniendo en pie sus actividades ilícitas. Volvería a ocurrir justo lo que ocurrió durante la era de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, cuando ante la imposibilidad de poder producir y poder consumir alcohol legalmente en dicho país, florecieron del lado mexicano a lo largo de la franja fronteriza las cantinas, las casas de juego, las casas de prostitución, los hipódromos y todo lo demás relacionado con las actividades propias del crimen organizado en los Estados Unidos, aprovechando la circunstancia de que en México no había prohibición legal alguna ni para la producción ni para el consumo del alcohol. Grandes capos y mafiosos de la era de la prohibición echaron sus raíces en México, y desde México se echó a andar la maquinaria para producir en grandes fábricas los ríos de licor que eran contrabandeados en gran escala hacia los Estados Unidos. Muchas de las fortunas de grandes empresarios mexicanos tienen sus orígenes en esa época en la que floreció la corrupción y en la que el auge del vicio en las ciudades fronterizas originó las “leyendas negras” que ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez estuvieron arrastrando por mucho tiempo. La corrupción norteamericana relacionada con el tráfico y el consumo de heroínia, mariguana, cocaína y metanfetaminas terminaría vaciándose sobre toda la franja fronteriza al haber en México disponibilidad de la droga a precios bajos inclusive subsidiados por el gobierno de México. La única forma en la cual un programa de legalización de las drogas podría tener posibilidades de éxito -aunque fuese un éxito mediocre- sería con la legalización simultánea de la producción y el consumo de drogas tanto en México como en los Estados Unidos. Pero como esto no va a suceder en los Estados Unidos ni a corto ni a mediano plazo, México vendría pagando las facturas de esta desigualdad sociológica.

Existe otra razón de peso por la cual, en contra de lo que pudiera creerse, la legalización de la producción y distribución de drogas en México goza del visto bueno de los grandes capos del narcotráfico mexicano y de los costosos bufetes jurídicos que les brindan protección y asesoría a los barones de las drogas heroicas: la asimetría en la aplicación de penas judiciales que hay entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos existen dos penas que no existen en México: la prisión perpetua y la pena de muerte. Si el narcotraficante líder del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero hubiese sido secuestrado de México por un comando especial de mercenarios y llevado a los Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato a sangre fría del agente antidrogas norteamericano Enrique Camarena Salazar, es casi seguro que en Estados Unidos habría sido sentenciado irremisiblemente a la pena de muerte, y ninguna apelación le habría sido de utilidad alguna en su camino hacia el patíbulo. Lo que lo ha salvado de una muerte segura como castigo al asesinato que cometió es el hecho de que fue detenido en México recibiendo una condena de 40 años de prisión, la cual le dá esperanzas de poder salir libre algún día de la cárcel para regresar a sus actividades ilícitas, cosa que no sería posible si se le hubiera juzgado por dicho asesinato en suelo norteamericano. Y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, Caro Quintero logró escapar así de la silla eléctrica que los norteamericanos le tenían reservada por el asesinato del agente Camarena Salazar. Si la producción y el comercio de narcóticos es despenalizado en México, entonces ningún narcotraficante operando libremente en territorio mexicano podría ser extraditado a los Estados Unidos, porque ningún ciudadano de cualquier país puede ser extraditado hacia otro país acusado de algo que no constituye delito alguno dentro del país al cual le está siendo solicitada la extradición. Por lo pronto, gracias a la asimetría de las leyes, en México los grandes capos del narcotráfico no sólo no están expuestos a la pena de muerte o a la prisión perpetua, sino que gozan además de las generosidades de las leyes mexicanas actualmente en vigor que les garantizan toda suerte de consideraciones inmerecidas (la Reina del Pacífico Sandra Ávila Beltrán ha llegado al extremo de interponer sus inconformidades ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -organismo descentralizado encargado de velar por los "derechos humanos" de hampones como ella- por la “inhumana crueldad” de las autoridades carcelarias de tenerla comiendo la misma comida que se le dá a los demás reos -¡fuchi!- sin permitírsele alimentarse diariamente con comida fina de restaurant) inclusive hasta la posibilidad de poder seguir administrando desde el interior de la prisión sus emporios criminales. La despenalización de la producción y distribución de drogas heroicas en México les abrirían las puertas de la cárcel de par en par a estos criminales, lo que convertiría a México en un auténtico paraíso delincuencial, más de lo que ya es.


LA TRANSNACIONALIZACION DE LOS CARTELES MEXICANOS


Felipe Calderón sobreestimó sus poderes como Presidente de México y subestimó el poderío acumulado por los zares de la droga en México a grado tal que ni siquiera se pudo dar cuenta de que los cárteles mexicanos desde hace mucho tiempo que dejaron de ser bandas pequeñas de hampones que hoy no sólo operan en el continente americano sino inclusive ya tienen establecidas filiales, sucursales y “embajadores” en otros continentes. Esto lo sabemos por hechos tales como la noticia de que las autoridades españolas aprehendieron el 4 de agosto del 2005 a dos de los miembros más importantes del Cártel de Juárez (hoy La Línea), Joel Farfán Carreño e Israel Ramos Gómez, cuando ambos salían del hotel Ritz de Madrid, un hotel de cinco estrellas, después de haber estado viviendo allí un buen tiempo. Otra noticia que documenta los alcances del crimen organizado de México hacia otros continentes es la noticia de los 180 kilos de cocaína (con un valor de unos 87 millones de dólares) incautados por la policía italiana el 12 de agosto del 2005 en el aeropuerto internacional de Roma, en lo que fué calificado como uno de los mayores cargamentos de cocaína jamás incautados en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma. El cargamento provenía de México. Y el golpe dado en Italia fué dado apenas una semana después de que fueron capturados los dos “embajadores plenipotenciarios” del Cártel de Juárez en España. Aún otra prueba más contundente es el testimonio de un testigo protegido preso en San Diego, California, de quien se reveló en los noticieros el 11 de agosto del 2005 que después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez puso en marcha un plan de expansión que contemplaba abrir espacios para el transporte de drogas y el lavado de dinero en España, Francia y Dinamarca.

En el mismo continente latinoamericano, tan sólo en Perú operan desde hace tiempo cinco cárteles mexicanos del narcotráfico que han llegado a extremos tales como el de haber asesinado en dicho país en un restaurante de Lima al juez Hernán Saturno Vergara que procesaba a 25 narcotraficantes mexicanos, colombianos y peruanos miembros del Cártel de Tijuana.


UN NEGRO PANORAMA


Las perspectivas para el futuro inmediato no son nada alentadoras. México tiene a un Presidente instalado en el poder por la dupla derecha-ultraderecha con la ayuda de una guerra mediática sucia de la cual en forma por demás tardía han sido encontrados culpables tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como el pulpo mediático TELEVISA. Se trata de un Presidente sobre cuyo triunfo y por ende su legitimidad penden serias dudas hasta el día de hoy. Se trata de un Presidente que, tratando de legitimarse, abrió una caja de Pandora que ya no puede ser cerrada. Se trata de un Presidente que, no pudiendo recostar al monstruo que él mismo levantó, hoy se dedica a despotricar y a echarle la culpa a otros en vez de reconocer con hombría las consecuencias de haber lanzado a México a un callejón sin salida sin haber contado con un plan de acción para hacer frente a lo que habría de suceder. Este Presidente, por su manifiesta ineptitud, debe compartir aunque no quiera la responsabilidad que le debe caer por la sangre que se ha derramado hasta el día de hoy y que seguramente se seguirá derramando en los días, semanas, meses y años por venir.

A México se le arrebató de las manos en el 2006 la oportunidad de tener un Presidente que habría llegado a la silla presidencial sin compromiso alguno con los poderes fácticos. Por mucho tiempo, muchos querían saber cómo serían las cosas si la oposición de la derecha por fin llegara al poder para gobernar a México con sus agendas. Hoy lo sabemos. Las consecuencias están a la vista de todos. Se viene a la mente un chiste cruel producto del ingenio popular que pregunta primero “¿Qué podría ser peor que siete décadas ininterrumpidas del PRI en el poder?”, y a lo cual se le responde de inmediato “Siete décadas ininterrumpidas del PAN en el poder”.

Quizá, vistos los sucesos que están ocurriendo el día de hoy, en el futuro la ciudadanía ya no se dejará embaucar tan fácilmente por guerras mediáticas conducidas a través de los monopolios informativos, posiblemente ya no creerá ciegamente todo lo que se le informa a través de TELEVISA y sus editorialistas, ni caerá tan fácilmente en campañas de rumores forjados en la clandestinidad por gente que sólo ve por sus propios intereses y no por el bien de México. La responsabilidad de estar bien informado y comunicar la verdad a los demás es parte indispensable de cualquier sociedad que quiera sobrevivir y prosperar como una democracia. El no hacerlo sólo puede hundir aún más al país entero en un marasmo del que no saldrá fácilmente si no es a un costo elevadísimo.


-------------------------


POST SCRIPTUM:


Al mes de agosto del 2008, como resultado trágico de la colombianización de México, se habían acumulado ya 5 mil muertos en el gris sexenio del Felipe Calderón (2,561 personas en el 2007 y más de 2 mil personas tan sólo en el primer semestre), sin esperanza alguna de alivio en el horizonte excepto los pomposos discursos oficiales que antes desde las trincheras de la oposición los hoy gobernantes panistas le criticaban duramente al PRI hegemónico.

La impunidad casi total con la cual han estado operando en México las bandas y los cárteles del crimen organizado en la “gloriosa” era calderonista del combate al narcotráfico, sin respetar a nada ni a nadie, ha llegado a tales extremos que poco después de haber sido elaborado este trabajo una bien organizada banda criminal llevó a cabo un levantón en la zona fronteriza México-Estados Unidos de una mujer emparentada con un Congresista norteamericano. Y no se trataba de cualquier Congresista. Se trataba ni más ni menos que del Congresista Silvestre Reyes, el Congresista que tiene a su cargo en Washington tanto el Comité Permanente de la Cámara de Congresistas sobre Inteligencia (Permanent Select Committee on Intelligence) como el Comité de las Fuerzas Armadas. (Armed Services Committee), lo cual no detuvo ni arredró en ningún momento a los secuestradores. Naturalmente, el secuestro no fue llevado a cabo en los Estados Unidos, fue llevado a cabo en México. Son malvados, pero no son imbéciles. Estos criminales sólo operan de este modo tan abierto en un país en donde tienen el equivalente de una garantía casi plena de impunidad gracias a las leyes que los favorecen y a los políticos, jueces y funcionarios corruptos que los protegen. Jamás se habrían atrevido a llevar a cabo el secuestro en un país extranjero como Estados Unidos en donde a los hampones se les aplica la pena de muerte (algo que los grandes cárteles del narcotráfico han logrado impedir exitosamente hasta el día de hoy que se pueda aplicar en México, con la ayuda de los Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión que están comprados por ellos) y en donde no hay “comisiones nacionales” de “derechos humanos” velando por los derechos humanos por los criminales de la peor ralea y velando porque en todo momento se les trate con la mayor dignidad posible dándosele todo tipo de facilidades a estos hampones despiadados que ciertamente jamás han tenido piedad alguna para con los derechos humanos de sus víctimas.

De acuerdo con un documento oficial que existe sobre este hecho, dado a conocer el 26 de junio del 2008 por los medios de comunicación, la empresaria Erika Posselt Orizaga de 46 años de edad, emparentada con el Congresista estadounidense Silvestre Reyes, fue liberada dos días después de haber sido secuestrada el 19 de junio del 2008 en Ciudad Juárez de un taller de ventanas para automóviles de su propiedad en Ciudad Juárez denominado ACCRIPARTS, luego de que sus familiares pagaron 32 mil dólares como rescate, como lo señala el documento de la Immigration and Costums Enforcement ICE (Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas). El oficio, que indica que es un asunto delicado de las Fuerzas del orden y es sólo para uso oficial, está dirigido a la Secretaria Asistente del ICE Julie Myers y está fechado el 23 de junio del 2008. El documento narra la “recuperación de la pariente secuestrada de la esposa del Congresista federal Silvestre Reyes en Ciudad Juárez, México”, por lo que advierte que no se dé a conocer el documento fuera del ámbito del ICE (de cualquier forma, la copia de este oficio fue publicada en Internet por la agencia de noticias Narconews). De acuerdo con una nota publicada en el periódico The Washington Times, los secuestradores que demandaron originalmente 500 mil dólares por la libertad de Posselt y amenazaron con matarla, “negociaron con el hermano de la mujer en Juárez y aceptaron liberarla a cambio de 32 mil dólares en moneda estadounidense y mexicana” y según un memorando confidencial de ICE, se podían escuchar los gritos de la secuestrada durante una conversación telefónica entre su hermano y los captores. La familia como pudo reunió el dinero, y el 21 de junio del 2008 a eso de las 7:05 P.M. los secuestradores se pusieron en contacto con el hermano de la víctima y le dijeron que dejara el dinero en la avenida Las Torres, en Ciudad Juárez. Durante el transcurso de la entrega del dinero, los plagiarios cambiaron en dos ocasiones el lugar donde se depositaria el rescate. Finalmente el dinero fue entregado por un cuñado del hermano de la víctima a dos hombres que viajaban en una motocicleta, los cuales recogieron el rescate en la esquina de dos calles en Ciudad Juárez tras lo cual huyeron velozmente eludiendo a los investigadores que vigilaban el sitio. También aparece en el documento que el 22 de junio del 2008 el Subagregado del ICE en Ciudad Juárez informó que la víctima al momento de su liberación había sido dejada por los secuestradores en un sitio público junto con otra víctima de otro secuestro, Eduardo Fernández, cuyos familiares pagaron alrededor de 56 mil dólares por su liberación, tras lo cual esta persona relacionada con el Congresista Silvestre Reyes fue inmediatamente trasladada al puerto fronterizo de entrada de El Paso e internada en los Estados Unidos por razones de seguridad.

Cabe reflexionar muy bien sobre la relevancia del anterior incidente, el cual demuestra contundentemente que las bandas criminales de la delincuencia organizada en México operan ya con tanta impunidad que no les importa secuestrar ni siquiera a una persona emparentada con un prominente Congresista norteamericano. Y si no les causa inquietud alguna meterse con una persona emparentada con un prominente Congresista norteamericano, ¿quién entonces en México puede sentirse seguro y a salvo, sobre todo cuando México ocupa el sexto lugar a nivel mundial entre los países con mayor presencia de crimen organizado al haberse vinculado estos grupos criminales con el poder político? (El único mexicano que tal vez se pueda sentir seguro y bien protegido es, desde luego, Felipe Calderón, custodiado todo el tiempo por el Estado Mayor Presidencial.)

Pocos días después de este preocupante incidente que vulneró la tranquilidad de un Congresista norteamericano, el Senado estadounidense aprobó por abrumadora mayoría, sin tantos condicionamientos como los que habían acordado inicialmente, la iniciativa del Plan Mérida, autorizando una ayuda de 400 millones de dólares para el combate al crimen organizado en México. Aunque ante la magnitud de lo que está sucediendo en México, posiblemente en el Congreso norteamericano ya se están poniendo a pensar en que esta ayuda no servirá ni siquiera para hacerle cosquillas a las poderosas bandas criminales del narcotráfico en México, esas mismas bandas a las cuales según las fantasías de los discursos oficialistas “les vamos ganando”.

En el mismo estado de Chihuahua en donde fue secuestrada esta persona emparentada con un prominente Congresista norteamericano, y como una muestra más de la impunidad y el descaro abierto con el cual operan las bandas del crimen organizado en México, al poco tiempo de haberse llevado a cabo el secuestro mencionado los barones del crimen organizado en un gesto desafiante y retador no tardaron en colocar una manta en un lugar público muy transitado amenazando de muerte a la familia del mismo Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, en caso de no cumplirles sus demandas. En efecto, una manta con un mensaje dirigido al Gobernador Reyes Baeza, en el que amenazaron de muerte a su familia en caso de no remover a cierto mando policiaco, fue colocada durante las primeras horas del viernes 11 de julio del 2008 en un puente de paso peatonal de la ciudad de Delicias, ubicado a tan sólo 200 metros de la casa de la madre del mandatario. Viajeros que se dirigían con rumbo a la ciudad de Chihuahua se alarmaron al toparse en su camino con la manta blanca que contenía un “narcomensaje” inscrito con letras de molde negras y rojas. El mensaje le exigía al mandatario remover de su cargo a un comandante, a quien responsabilizaban, junto con un “Chalo”, de que “trae todas las muertes del Estado” y supuestamente “goza de protección” (¿?).

La manta que colgaba del puente metálico del paso peatonal que cruza el boulevard Óscar Flores, a la altura de la Cruz Roja, en lo que se conoce la salida norte de la ciudad, instalada por extraños a sólo 150 ó 200 metros de la casa de la madre del Gobernador, fue vista en el lugar desde las seis de la mañana del viernes 11 de julio y retirada por elementos de la Policía Ministerial Investigadora luego de que fueron avisados del hallazgo a las 7:45 A.M., hora en la que hicieron acto de presencia elementos de Seguridad Pública Municipal. Las distintas autoridades en el Municipio no dieron ninguna información al respecto; la coordinadora de los Ministerios Públicos en Delicias, Irma Velia Nava López, dijo que no recibieron instrucciones de callar o informar, pero ella sencillamente prefería no dar una opinión y que sólo cumplió con informar a sus superiores en la ciudad de Chihuahua. Igualmente en la Policía Ministerial Investigadora optaron por callar diciendo que sería en la ciudad de Chihuahua donde se daría posiblemente una información por parte de la Procuradora de Justicia del Estado, Patricia González, a quien se cita en la “narcomanta”. El Presidente Municipal de Delicias, Jesús Heberto Villalobos Máynez, se reservó todo comentario al respecto, y los familiares del Gobernador no fueron localizados ése día. Igualmente, la Dirección de Seguridad Pública dijo no tener informes, ya que llegaron cuando la manta fue retirada. El “narcomensaje”:





estaba hecho en manta con letra de molde con letras negras y rojas y colgada con ganchos amarrados con soga de las estructuras del puente, y decía lo siguiente:

__________SEÑOR GOBERNADOR
__________QUITA AL COMTE. CIAS
__________DEL CARGO ES EL QUE
__________TRAE TODAS LAS
__________MUERTES DEL ESTADO
__________JUNTO CON CHALO. Y LA
__________PROCU. PATRICIA GONLZ
__________LE SOPORTA TODO A CHALO

__________O PONES ORDEN O TE
__________MATAMOS A TU FAMILIA ..

De nueva cuenta, y aunque suene muy trillado, si los hampones del crimen organizado en México pueden actuar ya con tanta impunidad que inclusive pueden darse el gusto de amenazar en forma directa al mismo Gobernador de Chihuahua con matarle a sus familiares si no les cumple sus deseos, y si pueden hacerlo públicamente instalando su amenaza a la vista del mundo entero a escasa distancia de la casa de la madre del Gobernador a la cual estos criminales no vacilarían en matar si se les ordena que lo hagan, ¿quién entonces puede sentirse seguro en el Estado de Chihuahua? Y en todo caso, ¿quién puede sentirse realmente seguro en México?

Y mientras todos estos increíbles sucesos ocurrían en México, Felipe Calderón se paseaba por Europa y por Asia buscando obtener su legitimidad internacional en el extranjero, como si tal cosa le importara realmente a los mexicanos que están padeciendo las consecuencias de su "guerra" declarada al narcotráfico que al decir del discurso oficialista “vamos ganando”. De cualquier modo, a su regreso a México, el Presidente Calderón con gran despliegue publicitario convocó a la firma de un pacto contra la delincuencia organizada que a las pocas horas de haber sido ceremoniosamente firmado fue echado por tierra por una ola sostenida de narcoejecuciones en todo México acompañada de una nueva ronda de narcomantas como podemos verlo en la siguiente nota:

Reportan narcomantas en Nuevo Laredo
Julio Manuel Loya
EL UNIVERSAL
26 de agosto del 2008

Nuevo Laredo–
Esta ciudad amaneció otra vez con varias narcomantas colgadas en los puentes peatonales de las principales avenidas, pero ahora, los mensajes iban dirigidos al presidente de la República, Felipe Calderón.

Apenas anoche el presidente Felipe Calderón daba su primer anuncio de lo que será una serie de spots que dará a nivel nacional con su mensaje de su segundo año de gobierno, cuando en Nuevo Laredo, aparecieron sendas mantas colgadas, que llamaban la atención de todas las personas que en esos momentos transitaban rumbo a sus trabajos.

Las mantas medían alrededor de 5 metros de largo por unos 3 de ancho, las cuales fueron colgadas en los puentes peatonales de Reforma y 15 de Septiembre, Reforma a entrada de la colonia Concordia y la tercera en Carretera Nacional, kilómetro 10, justo a la entrada de la colonia Colinas del Sur.

Se leía con letras azules: Sr. Presidente Calderón, quiere acabar con la inseguridad, déjese de palabrerías ridículas, y deje de brindarles protección Usted y los generales. Jenosidio Loera, Martín Cordero Lucrecio y el SSP estatal Cesario Carbajal Guajardo, Martín Cordero Luqueño, Marco Cobarruvias Aguilar, Sergio Aponte Polito, Roberto Miranda Sánchez.




Además del lado derecho con letras rojas se leía: Joaquín Archivaldo Loera Guzmán, (El Chapo), Juan Esparragoza García (El Azul), Nacho Coronel, Ismael Zambada García (El Mayo), Noé Sandoval Alcazar, 9na Zona Militar, ya que estas personas llevan más de 40 años operando.

Las mantas fueron colocadas por la madrugada y cerca de las 09:20 horas, personal del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva se hicieron presentes para quitarlas.

Cabe mencionar que hace algunos meses, también apareció una manta en donde llamaban a los militares a unirse a las filas del crimen organizado.

Dos días después, las narcomantas se habían extendido ya por todo México desde Reynosa hasta Veracruz involucrando ya directamente a Felipe Calderón en el solapamiento de las cruentas guerras del narcotráfico:

Aparecen narcomantas en Reynosa y Veracruz
Agencia Reforma
28 de agosto del 2008

Luego de que el martes aparecieron narcomantas en al menos 10 ciudades del país, la mañana de ayer se observaron mantas en esta ciudad con mensajes en los que se acusa al presidente Calderón de corrupción en el Gabinete y de encubrir a narcotraficantes.

Según reportes de testigos, desde las 3:00 horas del miércoles aparecieron los mensajes en puentes peatonales de la ciudad fronteriza, tanto de la zona centro como de la periferia, los cuales estaban distribuidas en sitios de alto tráfico y paradas de transporte público.

Alrededor de las 8:00 horas, soldados de la Octava Zona Militar comenzaron a retirar las mantas.

Por la carretera que une Reynosa y Río Bravo, casi enfrente del Cuartel Militar de la Octava Zona, en el puente peatonal de acceso a la Colonia Américo Villarreal, fueron colocadas dos mantas.

En una de ellas se leía: “Sr. Felipe Calderón: quieres acabar con la delincuencia, acaba primero con tu Gabinete corrupto”. En otra de la mantas, con la fotografía impresa del presidente de la República con el ex presidente Vicente Fox, se indicaba:

Durante los últimos dos sexenios el Gobierno federal (panista) se ha dado a la tarea de encubrir a los siguientes narcotraficantes a cambio de grandes cantidades de dinero: Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), óscar Valencia, Ignacio Coronel (El Coronel), Ismael Zambada (El Mayo), La Familia, Martín Cordero Luqueño, Coronel de Sonora (encargado de darles protección a estos narcotraficantes). ¿Para que la droga no llegue a nuestros hijos?”.

También había mantas que denunciaban supuesta protección de altos mandos militares a los jefes del Cártel de Sinaloa, de “La Familia” y a Los Valencia, de Michoacán.

También en Veracruz— Los habitantes de la zona de Veracruz y Boca del Río se sorprendieron al ver la mañana de ayer narcomantas en cuatro puntos distintos, con el mismo mensaje, que advierte retirar la protección gubernamental a ciertos grupos delictivos.

En esta región del Estado, las mantas fueron colocadas en la Avenida Rafael Cuervo, en un puente peatonal de la Unidad en Boca del Río, y en otra calle cercana al Centro de Veracruz.

Además aparecieron mantas en las ciudades de Xalapa y en Coatzacoalcos.

Las mantas de color blanco tenían la siguiente leyenda: “Sr. narco presidente, si quiere que termine la inseguridad deje de proteger a los narcotraficantes como El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Sambada, la familia michoacana, los mandatarios partidistas que igual que usted son narcos como los anteriores, ya que llevan 40 años de narcomandatarios”.

Por último, en el Estado de Chihuahua en donde ya para el mes de septiembre del 2008 Ciudad Juárez llevaba acumulados un total de mil ejecutados en los primeros nueve meses del año, el 16 de agosto del 2008 -apenas un mes después de la matazón ocurrida en Villa Ahumada descrita arriba- un comando de sicarios fuertemente armado que arribó en varios vehículos lujosos perpetró una terrible masacre en el poblado de Creel en el salón Profortarah en la que los despiadados criminales se dieron gusto matando a gente inocente a diestra y siniestra, acribillando a 13 personas en dicho poblado incluyendo un niño de 4 años de edad y otro de apenas unos cuantos meses, dejando además una cantidad considerable de heridos. El sacerdote Javier Águila Aguirre que estaba oficiando una misa cuando ocurrió la matanza y que escuchó la balacera a lo lejos desde su parroquia relata en una entrevista publicada cuatro días después por EL DIARIO que cuando dió por concluída la Eucaristía: “Inmediatamente tomé mi camioneta y me fuí para allá. Yo sabía que me iba a topar con la policía, que me iban a impedir la entrada, pero para sorpresa mía no me encontré a nadie. Nadie me impidió el paso, nadie cerró la carretera. Ver los cuerpos mutilados, las gargantas abiertas, los estómagos abiertos, el cerebro por un lado, las caras desfiguradas... me impactó mucho, no pude y me quebré”. La razón por la cual el Padre Águila Aguirre no encontró a ningún policía que le impidiera el acceso al escenario del crimen en el que un buen tramo de la carretera se tiñó de sangre fué porque antes de que se cometiera la masacre la policía de Creel había abandonado el poblado dejándole el campo libre a los criminales para que hicieran todo lo que les diera la gana. La policía sólo regresó al poblado varias horas después dándole tiempo más que suficiente a los sicarios para que pudieran huír tranquilamente. Hasta la fecha, ninguno de esos policías ha sido consignado, y mucho menos enviado a la cárcel, gozando tranquilamente de la más absoluta impunidad ante un vacío total de autoridad en el que los funcionarios y los agentes de la Procuraduría General de la República -PGR- y de la Agencia Federal de Investigación -AFI- sólo se preocupan por ir a cobrar sus generosos sueldos pagados por un pueblo al que no le brindan absolutamente ninguna protección y por el contrario posiblemente están traicionando y apuñalando por la espalda al estar parte del personal bajo la nómina del narcotráfico. Y del Ejército asignado a la protección de dicho Estado bajo el Operativo Conjunto Chihuahua, ni sus luces, brilló por su ausencia en el poblado de Creel.) En una nota publicada posteriormente un mes después podemos leer lo siguiente:

Dejaron ir federales a los sicarios'
Luis Alonso Fierro
EL DIARIO
18 de septiembre del 2008

Creel“Se toparon de frente en la carretera, casi chocan con ellos, los tuvieron y los dejaron ir”, con coraje el párroco de esta comunidad, Héctor Martínez, denuncia que un comando de agentes federales permitió que escaparan los sicarios que dieron muerte a trece personas hace un mes.

“La gente de la región, sobre todo los indígenas, ubicó a los asesinos y le informó a los federales, sabían en dónde estaban y hasta se les dijo a qué hora y por dónde iban a pasar, no hicieron nada”, agrega el sacerdote.

De acuerdo con su versión, los sicarios no abandonaron el municipio luego de la múltiple ejecución ocurrida el 16 de agosto, se refugiaron en Panalachi que está a unos 40 kilómetros de Creel, incluso en varias ocasiones desde entonces han bajado a Bocoyna y San Juanito a comprar víveres.

La semana pasada “levantaron” a un taxista a quien le ordenaron que les consiguiera caballos, ya que su intención era escapar por la sierra a lomo de animal; sin embargo, al parecer desistieron de esa vía.

Posteriormente, secuestraron a una enfermera, a quien obligaron a llevarles medicamentos, se desconoce si alguno de ellos estaba enfermo, o bien, si resultó herido el día del ataque.

Existe otra versión de que fueron secuestrados tanto la enfermera como un doctor, para atender a un herido por bala, pero el médico logró escapar.

Luego de ser dejada en libertad la mujer dio aviso a los agentes federales y al Cipol, con esa declaración y la de algunas personas que tuvieron contacto con ellos al venderles mercancías se supo que abandonarían el poblado el miércoles a las 15:00.

Los federales instalaron un retén entre Sisoguichi y Bocoyna para esperar a que pasaran, tenían conocimiento de la marca y color de las camionetas en que viajaban.

A las 17:00 aún no ocurría nada, de tal forma que el comandante encargado del retén tomó la decisión de ir a buscarlos. Partieron las tres camionetas de la PF, en las que viajaban una veintena de elementos armados. Minutos más tarde se toparon de frente con los sicarios, les marcaron el alto pero éstos hicieron caso omiso y les pasaron por en medio.

En la carrera se descompuso una de las camionetas de los sicarios, así que la abandonaron y siguieron en una sola, una Avalanche.

“Un grupo de sacerdotes estábamos en Sisoguichi, nos tocó ver parte de la persecución. Ellos (sicarios) pasaron ‘volando’, su camioneta iba destrozada, con una llanta ponchada pero no se detenían. Los federales no iban tan rápido, hasta parecía que se cuidaban de no agarrar los baches”, relata el padre Martínez.

La banda de delincuentes dejó su vehículo en un puente a la entrada de Panalachi y escaparon a pie hacia un cerro. “Llegaron a la camioneta (los federales) y la arrojaron al arroyo, pero en lugar de subir al monte detrás de ellos los buscaron en el pueblo, se metieron a casas y negocios, pero los asesinos iban en dirección contraria”.

Desde entonces la indignación entre la población de Creel ha ido en aumento, considera el párroco, ya que a un mes del crimen los responsables siguen libres, a pesar de haber estado todo el tiempo a unos kilómetros del lugar, y de que los agentes federales los tuvieron “al alcance de su mano”, pero no pudieron detenerlos.

Y en otra nota publicada posteriormente por el mismo medio encontramos:

Están en Panalachi culpables de masacre en Creel, denuncian
Carlos Hernández M.
EL DIARIO
19 de septiembre del 2008

Chihuahua— Habitantes de la comunidad de Panalachi en el municipio de Bocoyna, denunciaron a El Diario que existe un temor general de que pueda ocurrir una agresión similar a la acontecida en la localidad de Creel, pues aseguran que los sicarios implicados en la matanza del pasado 16 de agosto no han podido salir de esta zona serrana y viven en los alrededores de esta comunidad.

Panalachi se ubica a 32 kilómetros de Bocoyna, y de acuerdo con el testimonio de los lugareños, los sicarios se ocultan en un cerro desde donde se puede apreciar la entrada al pueblo, y desde allí observan quiénes entran o salen, por ello no han podido ser encontrados.

Mencionaron también que son aproximadamente 10 hombres los que se ocultan y viven en este lugar desde hace 20 días y solamente bajan al pueblo para abastecerse de alimentos.

Mediante un documento que entregaron a Ernesto Estrada González, presidente municipal de Bocoyna, así como al representante de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, padres de familia, maestros y la comunidad en general, exigen de manera permanente la presencia de elementos del Ejército Mexicano y Cipol para salvaguardar la integridad de los ciudadanos de Panalachi.

En la carta que a continuación reproducimos íntegra, se percibe el ambiente de temor y de desamparo que sienten los ciudadanos por parte de las corporaciones policiacas, tanto estatales como federales.

“Como es de su conocimiento, la situación de inseguridad que se guarda en todo el Municipio de Bocoyna y la tensión que se está viviendo aquí en la comunidad de Panalachi, estamos temerosos de que se llegue a presentar una situación que aumente el riesgo que se vive en esta localidad y sus alrededores por la presencia de personas ajenas a este lugar, presuntamente vinculadas con la delincuencia.

Por lo anterior solicitamos a ustedes la presencia y permanencia de las corporaciones policíacas y militares en esta comunidad, hasta que se logre resolver la situación antes mencionada”, concluye el documento con la firma de los denunciantes.

Al aparecer publicadas estas notas tenía poco tiempo de que el 15 de septiembre del 2008 otros dos sicarios habían lanzado dos granadas en Morelia en contra de una multitud de ciudadanos que simplemente celebraba alegremente el “grito de Independencia”, en lo que ya no puede ser calificado como un simple “ajuste de cuentas” propio de las bandas del narcotráfico o un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes sino algo mucho más serio: terrorismo, o mejor dicho, narcoterrorismo. Y si se logró aprehender a los miserables matones que dijeron estar trabajando para el igualmente miserable Cártel del Golfo fue no por una admirable labor de inteligencia investigativa de las dependencias federales sino por una denuncia anónima motivada tal vez por el posible reclamo de la recompensa de diez millones de pesos ofrecidos por información acerca del paradero de los sicarios cuyas propias vidas no valen ni siquiera los calzones que llevaban puestos al momento de ser arrestados. Y para mayor vergüenza, apenas dos días después del atentado terrorista en Morelia las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y de Italia le dieron al Cártel del Golfo, enemigo del pueblo de México, el duro golpe que le debería de estar dando el gobierno encabezado por un muy disminuído en estatura Felipe Calderón.

Con la brújula perdida, un Presidente Calderón virtualmente atado de manos, carente de la legitimidad que brinda un triunfo obtenido limpiamente en las urnas, sin la autoridad moral que brinda tal legitimidad y copado por las altas facturas que tuvo que pagar para lograr su cuestionable triunfo, sin las agallas para atreverse a dar un golpe de timón por causa de estos mismos compromisos que en mal momento contrajo, se encuentra hoy como rehén de la oficina que quería ocupar a como diera lugar, así fuese vendiéndole el alma al mismo Diablo. Se la vendió, y hoy el Diablo le está cobrando las facturas. Y no sólo a él, sino a la Nación entera. Posiblemente hoy, demasiado tarde, Felipe Calderón, en los escasos momentos de soledad que ha de tener para reflexionar, se está dando cuenta de que, en contra de lo que alguna vez él mismo afirmara en una entrevista, lo importar no es ganar haiga sido como haiga sido, porque el costo de un triunfo así puede terminar resultando estratosférico, arrastrando a mucha gente inocente consigo.

El agravamiento de la inseguridad en México ha alcanzado tales extremos que inclusive la prestigiosa CQ Researcher en su publicación correpondiente al 12 de diciembre del 2008 (número 43, volumen 18) en sus páginas 1009 a 1032 ha pintado un panorama muy negro para México en la guerra contra el narcotráfico empezada por Felipe Calderón en su urgencia por legitimarse (la publicación descarta por completo que Calderón pueda ganar en el año 2009 la guerra contra el narcotráfico, minimiza los logros de la Operación Limpieza y advierte que la penetración del narcotráfico en las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos es de tal magnitud que la Presidencia de Méxio ha perdido credibilidad). Pero no ha sido únicamente el CQ Researcher cuyo análisis muestra un pesimismo absoluto que desmiente el panorama color de rosa que el panista Felipe Calderón insiste en pregonar para el futuro de México bajo su mandato. También un documento de 52 páginas titulado Joint Operating Environment 2008 que fue publicado a fines de noviembre del 2008 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (Joint Chiefs of Staff) advierte que México y Pakistán son dos naciones que el Departamento de Defensa considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria en un momento dado la intervención de tropas estadounidenses. En la tercera parte del informe, titulada El Contexto Mundial, se habla de los Estados débiles y fallidos, donde se advierte que tanto México como Pakistán son naciones que podrían vivir un “colapso rápido”. En respuesta a éste análisis y obedeciendo instrucciones dadas al respecto por el mismo Felipe Calderón, Patricia Espinosa, la Secretaria de Relaciones Exteriores, tuvo que salir a tratar de desmentirle a las Fuerzas Armadas estadounidenses este estudio en el que calificaron al gobierno panista de Felipe Calderón como un estado fallido, situándolo entre los dos países con más grave riesgo a la par de Pakistán (país poblado de fundamentalistas musulmanes que cuenta con bombas atómicas y que además es el refugio actual de Osama bin Laden). Sin embargo, pocos tiempo después un alto oficial del Pentágono, nadie menos que el Jefe del Estado Mayor Conjunto Michael Mullen, dió respuesta a las proclamas oficialistas de Felipe Calderón y sus jilguerillos al manifestar su preocupación extrema por la violencia que vive México.

Con todo, este caos no es una noticia tan mala para las fuerzas de la ultraderecha que están laborando secretamente para la instalación de un gobierno paralelo en México operando en forma cada vez más abierta. El caos no sólo ha desviado convenientemente la atención mundial de la amenaza de la extrema derecha hacia la amenaza del narcotráfico, sino que el mismo caos puede ser aprovechado para continuar logrando la consolidación de sus objetivos. Después de todo, ¿no fue acaso el caos en Alemania resultante de su derrota en la Primera Guerra Mundial lo que allanó el ascenso de Hitler y sus secuaces al poder?

Los saldos negros de la trágica aventura emprendida por Felipe Calderón para legitimarse en el poder lanzando al Ejército mexicano a una guerra sangrienta para la cual no estaba preparado se pueden calar en su cruda dimensión en otro trabajo publicado en Las Crónicas de Spectator bajo el título Un Presidente sitiado. Con la mitad del sexenio de Felipe Calderón prácticamente consumido, son pocos los que realmente creen ya que al final de la mitad de lo que le resta de su sexenio Calderón se dirigirá al pueblo de México cuando rinda su último informe presidencial al Congreso de la Unión proclamando pomposamente “Mexicanos, como se los prometí cuando les prometí que esta guerra la íbamos a ganar, hoy les anuncio que la hemos ganado, les anuncio que todas las grandes bandas de la delincuencia organizada han sido derrotadas en México sin quedar una sola de ellas en pie, y les anuncio que el tráfico de cocaína colombiana hacia los Estados Unidos ha terminado de manera definitiva”. Lejos de que ocurra tal cosa, lo más seguro es que Felipe Calderón le heredará a su sucesor en la Presidencia, quienquiera que sea, un verdadero dolor de cabeza cuyos costos tendrán que ser pagados por varias generaciones de mexicanos.

Un colofón apropiado a este trabajo lo tenemos en el siguiente artículo:

El Narco: La guerra fallida de Calderón
Rodrigo Vera
Revista PROCESO 1721
25 de octubre del 2009

“Fracaso”, es el término con que dos excolaboradores de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar –al igual que muchos analistas y actores políticos–, califican la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. En un libro que acaban de publicar en coautoría, El narco: la guerra fallida, el excanciller y el exvocero presidencial pretenden destruir las tesis del mandatario con las que justifica una estrategia que ha costado miles de muertos y, por lo demás, no se ha traducido en una disminución del narcotráfico. Mediante este recurso, refieren los autores a Proceso, Calderón buscó legitimarse tras su dudoso triunfo en 2006.

El presidente Felipe Calderón emprendió su sangrienta y costosa guerra contra el narcotráfico sólo con el fin de “legitimarse” en el poder, tras ver que resultó muy cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006. Calculó que –para consolidarse en la Presidencia– bastaría con aplastar a los cárteles mexicanos de la droga mediante un combate “fácil”, “rápido” y de “bajo costo”.

Pero calculó mal… Con tres años de gobierno, y después de miles de muertos, Calderón no ha podido acabar con esas mafias, ni tampoco con el consumo, venta y distribución de droga, puesto que el mercado en México “continúa estable”.

Hasta Vicente Fox, antecesor de Calderón en la Presidencia, acaba de pedirle públicamente que, ante su rotundo fracaso, mejor le ponga un alto a la masacre y regrese a los soldados a sus cuarteles, ya que el Ejército sólo “ha multiplicado” el problema.

Y para rematar, dos funcionarios de la administración foxista, el exvocero presidencial Rubén Aguilar y el excanciller Jorge G. Castañeda, acaban de publicar el libro El narco: la guerra fallida, que comenzó a circular en estos días y en el que rebaten, una a una, las tesis de Calderón con las que justifica su combate al narcotráfico.

Comenta Castañeda a Proceso:

“Después de salir muy cuestionado de las elecciones de 2006, Calderón emprendió su guerra para legitimarse. Alguien le vendió esa idea, que suponemos salió de su círculo de asesores en la materia, conformado entonces por Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y el general (Guillermo) Galván”.

–¿Y por qué justamente contra el narcotráfico?

–Le dijeron que sería una buena forma de legitimarse sin tener que golpear a los poderes fácticos lícitos, y que también sería una guerra fácil, rápida y de bajo costo. Partieron de la falsa idea de que los narcos son unos idiotas. Y no es así. Si fueran idiotas no serían ni ricos ni poderosos. Resultó, pues, una guerra dificilísima a la que no se le ve salida.

Lo secunda Rubén Aguilar:

“No sabemos si los malos cálculos de Calderón fueron por ingenuidad o por soberbia. Lo cierto es que no tomó en cuenta tres factores básicos para emprender esa aventura: contar con una fuerza apabullante para aniquilar al enemigo, definir claramente en qué consistiría la victoria y, por último, tener claridad en cómo iba a salir de su guerra”.

Ambos indican que los golpes para legitimarse son una constante en los últimos inquilinos de Los Pinos: Miguel de la Madrid arrestó a Jorge Díaz Serrano para afianzar su poder; Salinas de Gortari al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia; Zedillo a Raúl Salinas, y Vicente Fox quiso consolidarse al intentar negociar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

“Sólo que, respecto a sus antecesores, hay una diferencia tremenda entre los costos sociales que ahora asumió Calderón. Su intentos por legitimarse resultaron muy costosos y muy drásticos”, dice Aguilar.

Agrega Castañeda:

“La de Calderón es además una guerra optativa. Nadie se la impuso. El gobierno estadunidense no intervino ni lo presionó para realizarla”.

–¿No la justificaba ni la violencia social?

–Aquí debemos aclarar que, antes de que Calderón comenzara su guerra, a fines de 2006, el grueso de la población no padecía la violencia provocada por el narcotráfico. Padecía, eso sí, los robos o los asaltos de la delincuencia común. No debemos confundir, pues, este tipo de inseguridad con la provocada por el narco. Ésta última se disparó sólo a raíz de la guerra de Calderón, que aumentó a lo bruto el número de ejecuciones.